Según el ente investigador, Víctor Miguel Ricardo Vega presuntamente incurrió en los delitos de peculado, contrato sin requisitos legales, falsedad en documento público y privado cuando era alcalde durante el período 2016-2019.
El contundente material probatorio presentado por un fiscal de la seccional Sucre, permitió que una juez promiscuo municipal con funciones de control de garantías dictara medida de aseguramiento en contra del exalcalde de Caimito (Sucre), Víctor Miguel Ricardo Vega, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, y falsedad en documento privado.
Ricardo Vega, quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, presuntamente aprovechó su calidad de alcalde durante el período 2016-2019, para declarar calamidad pública en el municipio y así poder contratar de forma directa con un consorcio que debía construir un puente sobre el río San Jorge en el sector La Solera (Sucre).
El exalcalde, quien se entregó voluntariamente el 10 de mayo en curso, presuntamente habría tenido responsabilidad en el desembolso del 50% del valor de la obra, sin que se haya avanzado o terminado y la cual tenía un valor de $2.507’085.275 millones de pesos.
Por este proceso cinco personas más se encuentran judicializadas cumpliendo medidas de detención domiciliaria, entre ellas el exsecretario de Planeación de Caimito, Kevin Ricardo Caly, un interventor, un representante legal y dos contratistas.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
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VHGB/FAGH/CHVR/DSS/MR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
