La Fiscalía en Norte de Santander, logró en las últimas semanas judicializar a dos hombres presuntos responsables del asesinato de un barbero y un empleado de establecimiento dedicado al lavado de autos.
El primer caso ocurrió en el barrio Los Alpes de Cúcuta (Norte de Santander), el 9 de enero reciente, cuando Julio Cesar Galíndez Pineda llegó donde se encontraba Edwin Enrique Hernández Díaz compartiendo con unos amigos y sin mediar palabra le disparó en varias oportunidades.
La víctima de profesión barbero fue llevada a hasta un centro hospitalario de la ciudadela Atalaya, donde fallece momentos después.
Galíndez Pineda fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional. En audiencias concentradas la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Asimismo, fue judicializado Deibi Alexander Colina Obregón, alias Morocho, como el presunto autor del asesinato de Francisco Javier Contreras, hecho ocurrido el 22 de mayo de 2022, en el barrio Sabana Verde de esta ciudad.
El material probatorio recopilado por los investigadores a través de entrevistas, declaraciones y reconocimientos fotográficos le permitió a la Fiscalía evidenciar que el procesado quien se movilizaba en una motocicleta en compañía de otro sujeto, al parecer, ingresó al lugar y con arma de fuego le causó la muerte al hombre. Alias Morocho fue imputado por el delito de homicidio agravado.
Tras la imputación ante jueces de la República, los procesados no aceptaron su responsabilidad y fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención en la cárcel Modelo de la capital nortesantandereana.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/MG/JAAL/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
