Redacción BL
Ante la crisis financiera que se está presentando en el sector salud, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y las Cámaras de la Salud, las cuales agremian a los aseguradores, los prestadores y los proveedores de tecnologías en esta materia, hicieron un llamado al Gobierno para que se atienda esta situación.
A través de un comunicado, las entidades le plantearon al Ejecutivo trabajar de manera conjunta en el desarrollo de un plan de acción que permita garantizar la prestación del servicio a los pacientes, incluyendo mecanismos que aseguren el flujo de recursos adecuados y suficientes para poder asumir la totalidad de las obligaciones que tiene el Estado con la ciudadanía.
«Es de crucial importancia poder contar con mecanismos que permitan cubrir en forma oportuna la totalidad de los servicios, medicamentos, pagos a personal de la salud, suministro de dispositivos, y en general todos los costos que se deben adelantar para esta inmensa responsabilidad», destaca el texto.
Para ejemplificar mejor la situación, se hace referencia la incertidumbre generada por el no pago de los recursos de presupuestos máximos de octubre y noviembre. De acuerdo con las entidades, el tema es aún más crítico si se tienen en cuenta que, a la fecha, no se ha publicado para comentarios el proyecto de resolución que fija el valor de la UPC para el 2024.
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Sistema de salud
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De acuerdo con los estudios recopilados por la Andi, desde el año 2021, los recursos asignados para la UPC han sido insuficientes. Es decir, que los gastos en salud han superado los presupuestos establecidos para la cobertura del sistema.
Según la agremiación, se estima que en los últimos tres años la deuda que acumula el sistema asciende a los cinco billones de pesos por cuenta de esta situación.
De la misma manera, señalan que entre las razones por las que se ha incrementado el costo en salud se incluyen: una mayor demanda de servicios en salud poscovid; el envejecimiento de la población; la ampliación en 2022 del Plan de Beneficios en Salud (PBS), y los cambios en variables macroeconómicas que han impactado los costos de suministros y servicios de salud, al igual que en muchos otros sectores de la economía.
Además, las entidades señalan que se evidencia a un deterioro de los indicadores de liquidez de los prestadores y proveedores del sistema, así como una pérdida acumulada en el sector de aseguramiento superior a los 1,2 billones de pesos.
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Salud
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Teniendo lo anterior en cuenta, tanto la Andi como las Cámaras de la Salud destacan la importancia de considerar diferentes factores para realizar el ajuste de la UPC para el próximo año. En ese sentido, piden que se haga un análisis más profundo de la siniestralidad, las frecuencias, el perfil epidemiológico, la inflación, las inclusiones al PBS y el contexto regional para evitar una crisis de capacidad a largo o corto plazo.
De la misma manera, indican que, con base a los datos antes mencionados, ese ajuste ha sido calculado en al menos el 16 % para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios.
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«Estamos en disposición de contribuir al análisis que garantice que el incremento que se defina sea suficiente para poder cubrir la totalidad de las obligaciones con los pacientes.
Las entidades aclaran que, si bien ese porcentaje permitiría garantizar la operabilidad continúa del sistema, la cifra no cubriría el déficit de los periodos anteriores por insuficiencia y tampoco la siniestralidad legal. Por esa misma línea, señalan que este ajuste debería estar complementado con un plan de estabilización para corregir la deuda de años anteriores.
«Hacemos un llamado para que el Gobierno Nacional y en especial los integrantes de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud actúen responsable y oportunamente, pues del análisis cuidadoso de la información disponible dependerá el debido funcionamiento del sistema de salud y la garantía de protección del derecho para los usuarios», concluye el comunicado.
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