El alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, y ocho capturados más señalados de corrupción en la contratación de ampliación de cobertura educativa del año 2012, no aceptaron cargos en la audiencia que se lleva a cabo este jueves en la ciudad de Buga. En la diligencia judicial se determinará si se dicta medida de aseguramiento contra el mandatario de Buenaventura y los otros implicados en el caso de defraudación, que asegura la Fiscalía llega a los $919 millones.
Durante la mañana de este jueves, la defensa solicitó que la audiencia fuera suspendida al declarar al juez como impedido para continuar con el proceso, ya que según los abogados de los detenidos, éste fue quien emitió las órdenes de captura. Así que se dio un receso para establecer si la audiencia continúa o si se cambiara el juez que la preside.
El abogado Gustavo Moreno, defensa del alcalde Bartolo Valencia, se refirió a la solicitud del cambio de juez. “La norma prevé que cualquier juez que haya tenido una actuación anterior al conocimiento de un caso que se le someta a su criterio no puede nuevamente por vía de otra audiencia pronunciarse sobre los mismos aspectos. El Juez de Control de Garantías que legalizó la captura y hoy realiza la imputación de cargos fue el mismo que ordenó la captura y quien pretende resolver la posible imposición de una medida de aseguramiento”, explicó el abogado Moreno.
Durante la audiencia del miércoles, el fiscal le imputó los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a Bartolo Valencia; al exsecretario de Educación Carlos Enrique Riascos; al exasesor jurídico Ancízar de Jesús Yepes; al exjefe de la Oficina de Cobertura Yasser Valencia Saa, y a los contratistas Diana Mayerlín Riascos, Vanessa Orozco, Alberto Riascos, Pedro Marino Barahona y Rocío Valencia.
La Fiscalía relató que Valencia firmó el 26 de abril del 2012 los seis contratos de la ampliación de cobertura educativa por un valor de $3076 millones.
Fuente: El Pais
