Redacción BL
El anuncio de nacionalizar la Vía al Llano ha puesto en alerta al sector de infraestructura, sobre todo, a las concesiones viales del país que muestran su preocupación por los proyectos en los que participan actualmente, y el ambiente de inversión a futuro empieza a tensarse.
Para Juan Benavides, investigador asociado a Fedesarrollo y miembro de la Junta Directiva de Proindesa, esta determinación no solo ‘ahuyentaría’ la inversión de capital, sino que modifica la gestión de las vías actuales concesionadas, lo que cambiaría las reglas de juego con las que se opera.
“El mensaje es bastante negativo para futuras inversiones. ¿Para qué invertir, para que luego le digan, su propiedad ya no va a ser privada sino pública y no está claro bajo qué condiciones de negociación? Con eso se da un gran golpe a las inversiones futuras 4G y 5G. ¿Quién va a invertir bajo la amenaza de que su inversión sin preaviso va a pasar al Estado sin saberse bajo qué condiciones?”, dijo Benavides.
Aseguró que no ve que haya las condiciones para que alguien invierta en Colombia dadas las ‘amenazas’ hacia las APP.
“Es un clima bastante negativo y en contra de la inversión privada que ha tenido grandes aportes al desarrollo de la infraestructura vial en la última década. En Fedesarrollo hemos demostrado las grandes ventajas de las Alianzas Público Privadas (APP) para el sector, transporte, lo que ha permitido construir más de 10.000 km de vías primarias que de otro modo no se hubieran podido hacer porque no hay espacio fiscal. Sería un retraso al país”, manifestó el investigador.
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Como su nombre lo indica ‘nacionalizar’ hace referencia a que regresaría a manos de la Nación la vía que en este momento está concesionada. Y al tratarse de una vía de esta a cargo de una entidad adscrita al Ministerio de Transporte, en este caso, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pasaría a manos del Instituto Nacional de Vías (Invías), puesto que la ANI maneja solo concesiones.
Para Benavides, de materializarse “la amenaza de expropiación y el contrato lo terminan unilateralmente, y de trasladarse al Invías, este no tiene los fondos para hacer el mantenimiento ni la operación ni la prevención de desastres naturales, es básicamente un tiro en el pie”.
Un caso similar que ocurrió en el país con la polémica de la antigua Ruta al Sol 2, que tras el escándalo de Odebrecht pasó a manos del Invías, una decisión muy discutida en enero de 2023, cuando usuarios de la vía alegaban que las condiciones eran precarias y muchos de los vehículos se afectaron a causa de esto.
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“Las empresas que trabajan con la ANI han invertido por cuenta propia sin que el Estado haya colocado fondos (entre otros, para obras adicionales), por eso la idea de nacionalizar estas vías es pésima, puesto que el Invías no tiene las capacidades técnicas para gestionar vías de este estilo, ni tampoco los fondos para mantenerlas”, recordó el investigador de Fedesarrollo.
Otros analistas y empresarios del sector recuerdan además que el término ‘nacionalizar’ no está previsto en los contratos y este mensaje, ‘muy negativo para el país’, hará que los inversionistas pierdan la confianza de cara al futuro.
“Esta propuesta implica acabar con el modelo de concesiones de cualquier tipo en el país. No solo las de infraestructura, sino las sociales que tanto ha anunciado el Gobierno, lo que generará pérdida total de la confianza en el país”, dice uno de ellos.
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Vía al Llano
Coviandina
Otro agrega: “el Estado ha demostrado su total incapacidad para desarrollar proyectos en plazos cortos y en mantener la infraestructura”.
Por su parte, José Stalin Rojas, director del Observatorio de logística y movilidad de la Universidad Nacional, dice que “este caso no perturbará el ambiente de inversión, pero sí el Estado debe dar señales que cualquier incumplimiento por parte del contratista será penalizado severamente y también dar señales que las obras (de aquí en adelante), se realizarán en el tiempo y cronograma planteado”.
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Menciona que debe ser ‘sería’ la inversión privada para llevar a cabo los proyectos y crear un mecanismo legal e incluirlo en los contratos para tomar este tipo de decisiones. No obstante, Rojas, reconoce que este tipo de medidas traería consecuencias legales, técnicas y económicas
Postura de la CCI sobre la ‘nacionalización’
Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), dice que la propuesta del Gobierno implicaría “poner en manos del Estado la responsabilidad de la construcción, operación y mantenimiento de la vía más compleja del país, en medio de limitaciones de toda índole”.
“De darse ese escenario, las cosas conducirían a que el propio Estado asuma el costo de la terminación anticipada del contrato. Ahora bien, imaginemos una vía tan compleja como esa en manos del Invías, entidad que ha tropezado, incluso, con dificultades técnicas y económicas para echar a andar las vías comunitarias. Lo decimos de manera constructiva”, aseguró.
Agregó que son evidentes las limitaciones institucionales y económicas del país.
PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio
*La sociedad Coviandina hace parte del grupo empresarial que controla a la sociedad Casa Editorial EL TIEMPO, a la cual pertenece Portafolio.*
