Este jueves, la Contraría General de la República entregó un balance sobre las denuncias que están siendo investigadas por la entidad y en las que se destaca la reactivación de 35 obras de infraestructura, gracias a sus alertas, y los avances en las actuaciones por irregularidades de contratos relacionados con la pandemia de la Covid- 19.
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De acuerdo con la entidad, este seguimiento permitió la reactivación de obras retrasadas o en riesgo. Una obra de infraestructura hospitalaria, 11 de Invias, 22 Unidades Funcionales de la Ani y una del sector infraestructura educativa.
Denuncian sobrecostos en contratos de alimentos y salud en cuarentena
Por su parte, en cuanto a los resultados por la contratación durante la emergencia sanitaria, hasta la fecha, la Contraloría ha emitido 396 alertas sobre presuntos sobrecostos por $39.448 millones, en contratos cuyo monto total es de $506.000 millones.
OBRAS INCONCLUSAS QUE EMPEZARON A ANDAR
“Veo con beneplácito cómo, a partir de las alertas generadas por la Contraloría a mediados junio, dentro de la estrategia Transparencia por la Emergencia, la Agencia Nacional de Infraestructura agilizó la entrega de obras fundamentales”, destacó el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
Una de ellas es la vía Girardot-Honda-Puerto Salgar, la primera 4-G del país. La otra es la ampliación de la Autopista Norte. Sin estar dentro de las alertas levantadas, estas obras se encontraban inmersas en el seguimiento de infraestructura vial que se realiza por parte de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría.
De acuerdo con la entidad, se evidencia un avance en 49 obras de infraestructura educativa reasignadas a nuevos contratistas con suscripción de obra e interventoría.
Frente a los avances en infraestructura hospitalaria, la situación más grave la presentaba el Hospital Francisco de Paula Santander ESE Nivel II, que se encontraba suspendido y, con el apoyo de la Contraloría, se reactivó.
SEGUIMIENTO A CONTRATOS RELACIONADOS CON COVID
Según la Contraloría, en desarrollo del seguimiento preventivo a los contratos relacionados con la atención de la pandemia, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) ha revisado registros por $5 billones, equivalentes al 22,2 por ciento de todos los contratos celebrados por entidades del Estado durante los tres últimos meses, cuyo monto es de $22,5 billones.
Durante el último mes ese seguimiento ha crecido, en términos de recursos, en $1,2 billones.
El 49 por ciento de los contratos relacionados con el Covid-19 han tenido por objeto la compra de alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad por $2,44 billones.
El 51 por ciento restante lo componen contratos de prestación de servicios y otros por montos inferiores a los $150 millones de pesos, por valor total de $2,56 billones.
La Contraloría ha emitido 396 alertas por presuntos sobrecostos en contratos cuyo valor total es de $506.000 millones.
Es decir, que ese valor creció un 82,8 por ciento desde el 17 de junio hasta hoy, pues hasta ese día era de $484.000 millones.
El número de alertas, a su vez, creció durante el último mes un 16,4 por ciento, pues hace un mes un mes fueron 340.
Los presuntos sobrecostos llegarían a los $39,448 millones. Las alertas de la DIARI llevaron a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $129.226 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $80.233 millones.
Los posibles sobrecostos se redujeron a $7.947 millones y hasta el 13 de julio, se habían logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $33.112 millones. En el último mes esos beneficios crecieron en más de $10.000 millones, pues antes entonces eran de $22.800 millones.
Debido a la oportunidad de las alarmas fueron terminados anticipadamente contratos por $21.543 millones y en 34 el sobrecosto se redujo al cero por ciento, con un beneficio superior a los $6.000 millones.
El 40 por ciento de los contratos con alertas tienen origen en los recursos del orden departamental sobre 26 gobernaciones.
