A través del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, Colombia solicitó una segunda extensión del plazo para erradicar las minas antipersonales, por un periodo de 4 años y 10 meses, y cumplir con la limpieza de más de 8 millones de áreas peligrosas que se han identificado en 156 municipios, en los que se adelantan operaciones de desminado humanitario.
La prórroga se solicitó durante la sesión virtual de la reunión intersesional de la Convención de Ottawa, con el fin de cumplir con las obligaciones asumidas para la eliminación de las minas antipersonales en el país.
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Para el funcionario, Colombia ha avanzado favorablemente en cuanto al desminado humanitario; informó que entre 2001 y 2010 el país únicamente contaba con intervenciones en cuatro municipios y actualmente, de los 720 que en los que hay presencia de estos artefactos, Colombia cuenta con intervención en 156 municipios y con 404 municipios declarados libres de sospecha de minas antipersonales.
“Estos avances han permitido un despeje acumulado de más de seis millones de metros cuadrados y la destrucción de 3.733 minas antipersonal de naturaleza improvisada. Este despeje representa un impacto directo en más de catorce millones de habitantes de los municipios declarados libres de sospecha de minas antipersonal, lo que corresponde aproximadamente al 30 por ciento de la población colombiana”, afirmó Ceballos.
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El alto comisionado para la paz, también explicó que la solicitud de extensión se basa en el Plan Operativo de Desminado Humanitario 2020-2025, que propone como meta la limpieza de más de ocho millones de áreas peligrosas confirmadas de los 156 municipios donde se adelantan intervenciones de desminado humanitario.
Por tanto, Colombia remitió la solicitud de extensión establecida en el Artículo 5, por un periodo de 4 años y 10 meses, comprendido desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025.
“Sin embargo, los retos para Colombia en la descontaminación del territorio dependen de la ubicación y limpieza de las minas antipersonal de naturaleza improvisada, las exigencias de las condiciones topográficas y climáticas del país, los grupos ilegales que siguen instalándolas y la sostenibilidad financiera de las operaciones de desminado humanitario”, manifestó Ceballos.
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Según informó la oficina de alto comisionado, la solicitud fue remitida en marzo al Comité de Implementación del Artículo 5 de la Convención, que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal e insta a los diferentes Estados a destruir los artefactos de este tipo que tengan en su territorio.
Además, el funcionario indicó que en materia de afectación, a mayo de 2020, 404 indígenas han sido víctimas de accidentes por minas antipersonal. De estos, 148 eran menores de edad, y del total de víctimas, 30 por ciento fallecieron a causa del accidente.
Por lo anterior, explicó que “Colombia ha desarrollado históricamente más de 16.000 actividades de Educación en el Riesgo de Minas, beneficiando a 500 mil personas, de las cuales un 20 por ciento corresponden a las comunidades étnicas”.
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En este sentido, resaltó que el país ha avanzado significativamente en ajustar los procesos de prevención teniendo en cuenta las necesidades culturales, sociales y políticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, con el fin de fortalecer sus capacidades para disminuir el riesgo por presencia o sospecha de minas antipersonal.
Finalmente, señaló que para el 2019 el Gobierno Nacional asignó recursos para el desarrollo de una metodología en Educación en el Riesgo de Minas dirigido a comunidades étnicas, por valor de 280.000 dólares, que corresponde a una inversión del 28 por ciento del presupuesto nacional, beneficiando a más de 15.000 personas, y que para este año se aumentaron los recursos a 360.000 dólares, equivalentes a una inversión del 22 % del presupuesto.
Para el periodo de 2020-2022, el Gobierno tiene proyectado invertir más de 146 millones de dólares, es decir una asignación anual por más de 48 millones de dólares para el sostenimiento de las operaciones de desminado humanitario, que adelanta la capacidad nacional representada en la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario y la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina.
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