El servidor, al parecer, hizo exigencias económicas para ocultar o destruir elementos de una denuncia penal.
Un juez penal promiscuo con control de garantías de Silvia (Cauca) acogió la solicitud de un fiscal de la Estructura de Apoyo y privó de la libertad con medida de aseguramiento en lugar de residencia a Luis Eduardo Rodríguez Ocaña, quien fue imputado como presunto responsable del delito de concusión.
Rodríguez Ocaña, servidor de la Fiscalía General de la Nación, adscrito al Grupo de Apoyo a la Gestión, se desempeñaba como coordinador de la Ventanilla Única de la Seccional Cauca en Popayán.
De acuerdo con la investigación, el 20 de enero de 2022 el asegurado, presuntamente, exigió dinero a cambio de ocultar o destruir elementos de una denuncia penal. Habría exigido a la víctima el pago de $5.000.000, licor y un teléfono celular.
En la declaración juramentada el denunciante le aportó a la Fiscalía grabaciones de sus conversaciones con el asegurado, en las que este hace exigencias de entrega de los elementos para destruir la denuncia.
Las exigencias fueron presentadas durante las audiencias concentradas por el ente investigador como material probatorio para la solicitud de medida de aseguramiento.
Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación capturaron en Popayán a Luis Eduardo Rodríguez, luego que un juez penal librara la respectiva orden, para ser puesto a disposición de un fiscal EDA de la capital del Cauca.
Luis Eduardo Rodríguez Ocaña se allanó al cargo imputado por la Fiscalía.
La Fiscalía habla con resultados.
JGP/FAGH/GAM/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
