Cuatro personas más resultaron heridas y varios establecimientos comerciales resultaron afectados por el choque en que estaría comprometido el uniformado.
Por solicitud de un fiscal adscrito a la Seccional Meta, un juez de control de garantías privó de su libertad a Juan Arley Romero Barbosa, de 39 años. Esta persona está siendo investigada por la muerte de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 29 de enero en la vereda Buenavista de Villavicencio (Meta).
Labores de policía judicial evidenciaron que el procesado, quien se desempeña como suboficial de la Policía Nacional, adscrito a la seccional de tránsito y transporte en Meta, al parecer, conducía un vehículo en estado de embriaguez, razón por la cual no habría logrado controlar el automotor que terminó ocasionando la muerte de las dos personas y heridas a cuatro más.
La Fiscalía constató que, al momento de presentarse los hechos, varios integrantes de la Policía llegaron al sitio. De la misma manera, se estableció que en, al menos, cinco oportunidades intentaron hacerle la prueba de alcoholemia sin poder lograrlo, por lo cual fue trasladado a un centro asistencial oficial para que allí le fuera practicado el examen de embriaguez.
Los exámenes médicos practicados a Romero Barbosa arrojaron que se encontraba en estado de embriaguez grado 1.
Por estos hechos y tras concluirse los chequeos con los especialistas el hombre fue capturado por la Policía Nacional. La Fiscalía le imputó cargos por el concurso de delitos de homicidio doloso eventual. Tal responsabilidad no fue aceptada por el capturado, a quien el juez le impuso medida de aseguramiento privativo de la libertad en su domicilio.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
PYMP/MAGA/JHM/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
