El procesado habría aprovechado sus conocimientos en mecánica para retirar en buen estado partes de los vehículos, las mismas que luego serían comercializadas.
Un fiscal adscrito a la Seccional Bolívar logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a José Domingo López Maldonado, presuntamente responsable de delito de receptación agravada.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 3 de octubre en el sector de Barrio Nuevo, zona rural del municipio de Arjona. La actitud sospechosa de un par de hombres quienes, al parecer, estaban desvalijando una volqueta hizo que vecinos del sector avisaran a las autoridades.
Una vez los integrantes de la Policía Nacional llegaron al lugar, uno de los hombres huyó, y se logró la captura en flagrancia de López Maldonado; de 55 años. Esta persona, al parecer, aprovechó sus conocimientos en mecánica para retirar en buen estado varias partes del vehículo, las mismas que serían comercializadas.
Según la investigación, el automotor que estaba siendo desarmado había sido reportado desde el 27 de septiembre como hurtado en Barranquilla (Atlántico).
En poder del capturado fue encontrado un chasis con los números de identificación alterados, una cabina, varias puertas desarmadas, un tren delantero, llantas, rines y elementos cableados, entre otros.
En desarrollo de las audiencias concentradas, el procesado negó su responsabilidad en cuanto al cargo en su contra.
El juez del caso consideró que el procesado debía ser recluido en la cárcel San Sebastián Ternera de Cartagena.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/MAGA/ICHS/DSB
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
