Con medida de aseguramiento privativa de libertad fueron cobijados tres presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Adan Izquierdo. Los procesados fueron imputados como presuntos responsables de un doble homicidio ocurrido en zona rural del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).
Así lo decidió un juez de control de garantías, tras acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación en contra de Rubén Darío Restrepo Golondrino, alias Gafas; Damián Alberto Marín Sepúlveda y Luna Esmeralda Marín Sepúlveda.
Los hechos investigados ocurrieron el 10 de noviembre del 2021 en una finca del corregimiento Tres Esquinas, jurisdicción del municipio en mención donde fueron asesinados Jorge Andrés Aguirre Giraldo y José Lemus Chica.
Las labores de policía judicial, adelantadas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, le permitieron a la Fiscalía establecer la plena identidad de los presuntos implicados, por lo que un fiscal especializado de la Seccional Valle del Cauca solicitó orden de captura en su contra.
El CTI y la Policía Nacional fueron los encargados de capturar a Rubén Darío Restrepo Golondrino alias Gafas. Asimismo, fueron notificados en centros de reclusión Damián Alberto Marín Sepúlveda y Luna Esmeralda Marín Sepúlveda.
La Fiscalía imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
El juez decidió que los tres presuntos implicados, quienes no aceptaron cargos, deben cumplir la medida de aseguramiento en centros carcelarios.
La Fiscalía habla con resultados
DSVC/MAP/SMLR/MAGA.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
