El paso del conflicto armado en el Valle del Cauca dejó huellas imborrables, teniendo su punto más álgido de violencia entre 1999 y 2006, periodo que quedó marcado por acontecimientos tan lamentables como los secuestros de La María (1999), el Kilómetro 18 (2000) y la Asamblea del Valle (2010).
Desentrañar la verdad de estos y otros innumerables hechos de desplazamientos, masacres y enfrentamientos fue y ha sido la tarea de cientos de víctimas, organizaciones civiles y entidades del Estado que han ahondado esfuerzos para escribir los capítulos más amargos de la historia del departamento.
Pero también de un equipo humano, algunos excombatientes del M-19, quienes a lo largo de los años hicieron posibles las más valiosas labores humanitarias en medio de la guerra, especialmente con “una gestión basada en la confianza”, como titula el informe que entregarán mañana lunes a la Comisión de la Verdad, en asocio con el Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle.
Así comienza la historia de la hoy conocida Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación del Valle, que en el momento más agudo de la confrontación en la región (1999-2006), se llamó Oficina de Gestión de Paz.
Según recuerda Frangey Rendón, quien fue integrante del primer equipo, pero también gestor de Paz entre el 2008 y el 2012, todo comenzó cuando Gustavo Álvarez Gardeazábal fue nombrado gobernador del Valle.
“Él llegó con el planteamiento de que en la región debía hablarse de guerra porque el país en ese momento estaba en esa condición y por tanto los diálogos y las gestiones que el emprendería estarían dirigidos a interlocutar con ‘los señores de la guerra’. Nombró a Jorge Iván Ospina como primer gestor de paz. Para el departamento, este primer momento de facilitación humanitaria estuvo marcado por aspectos como la mediación”, explicó Rendón.
“Estábamos en un momento de mucha dinámica militar y había un auge, todavía sin ser tan público, de expansión de los secuestros económicos, algunos de personas representativas. Ahí la Oficina empezó a jugar un papel de facilitador, inicialmente de obtención de pruebas de vida”, añadió.
Sin embargo, en 1999 Álvarez fue destituido en el contexto del llamado Proceso 8000, que judicializó vínculos de la política con el narcotráfico. No obstante, la Gestoría de Paz logró mantenerse activa en el contexto de aumento del conflicto armado determinado, para ese momento, por la llegada de grupos paramilitares del Bloque Calima, en julio de 1999.
Entonces, Juan Fernando Bonilla Otoya, líder empresarial de la región, asumió como gobernador encargado y nombró como nuevo gestor de Paz a Isaac Soto, un ganadero y patriarca del centro del departamento. Se siguieron facilitando los procesos.
Lea además: JEP ordena la identificación de 33 cadáveres que están bajo custodia de la U de Antioquia
El auge del conflicto y la confianza
Luego de Bonilla, llegó nuevamente al Gobierno Departamental el líder conservador Germán Villegas Villegas (2001-2003), quien nombró como gestor de Paz al excombatiente del M-19 Fabio Ariel Cardozo Montealegre (2001– 2004). Lo hizo como un gesto político de confiar dicha función a fuerzas y personalidades de la izquierda democrática, sectores alternativos y excombatientes.
“Eso estuvo lejos de ser un espacio pequeño que se le entregaba a sectores provenientes de la izquierda para que se entretuvieran y de paso se desgastaran. En cambio, representó un referente importante para la región y el país, en el marco de un esfuerzo por la paz”, aseguró el mismo Cardozo.
El hoy Secretario de Paz del Valle anotó, además, que encontró una oficina con muchas limitaciones, pero con la presencia de Frangey Rendón: “Un funcionario que tenía una agenda con muchos contactos de las guerrillas y los grupos armados”.
Y comenzaron las experiencias humanitarias:
“Fue a partir de una experiencia de retorno que tuvo lugar en el corregimiento La Meseta, en Jamundí, donde el ELN había desplazado a parte de la comunidad y nos hicimos el propósito de retornarlas. Ahí aprendimos que si los retornos no se hacían durante los primeros tal vez 15 o 20 días, después era muy complicado hacerlo. En este caso lo hicimos de manera casi solitaria (nos secundó la Red de Solidaridad Social, RSS, con algunas cosas logísticas como remesas), asumiendo nosotros, por supuesto, todos los riesgos”, relató Cardozo.
A partir de ese acontecimiento empezaron a liderar toda una dinámica humanitaria en donde comenzó a concurrir la cooperación internacional y las entidades del Estado. Trazaron el propósito de agendar y de promover un gran número de retornos (38 en total).
Solo por nombrar una de sus tantas anécdotas, Cardozo contó el caso de la vereda Sendimachado, que requería el retorno de población asentada en El Queremal (Dagua), lo que implicó hacer un acuerdo con los paramilitares y la guerrilla de las Farc.
“Visitamos a las comunidades y les pedí que me dieran su consentimiento. Ese fue el primer paso y con eso ya era como el comienzo de un protocolo que estábamos construyendo. Inmediatamente me puse en contacto con los paramilitares. Yo tenía un conocido de tiempo atrás: ‘Fernando político’ (dentro del Bloque Calima de las AUC), que me contactó con ‘Mario’, un alto mando de los paramilitares. El tipo le dijo que le hiciera al retorno, pero a cambio pedían que yo mencionara o hiciera el reconocimiento a que ellos lo habían facilitado”.
Pero los retornos no eran la única intervención humanitaria de alto riesgo, también estaba la recuperación de secuestrados y de cuerpos de desaparecidos.
“Nos buscaban los familiares y nosotros hacíamos una mediación pero nunca interveníamos en algún tipo de negociación de tipo económico. Que las familias nos buscaran a nosotros y no a las Fuerzas Armadas producía irritación en estas”.
Entre tanto, la relación con las Farc fue más complicada, recuerda Cardozo: “En general fue de respeto y fluidez, aunque no exenta de tensión, en particular cuando controvertía públicamente algunas de sus acciones. Con esta guerrilla tuvimos innumerables gestiones que terminaron en desenlaces favorables pero en algunos casos, lamentablemente, no. Mediaban demasiados factores en nuestras intervenciones humanitarias”.
También explicó que con el ELN tuvieron la oportunidad de discutir su propuesta de demarcación de los centros de educación infantil, las iglesias, los centros de salud y otros bienes protegidos: “La idea era proscribir estos espacios de cardinal importancia cultural y vital para las comunidades, especialmente las más apartadas en el escenario de la confrontación”.
Y agregó: “La Oficina se sentó con ‘Pablo Catatumbo’ (Farc), con ‘Geovanni’, ‘Mario’ y Everth Veloza (paramilitares), y otros altos mandos de grupos armados, incluido comandantes del Ejército, solo con el propósito de mediar y hacer posible la intervención humanitaria… Toda la labor de este equipo se basó en relaciones con todos los actores del conflicto: comunidades, instituciones y grupos armados, demostrando así cómo con la confianza, la seriedad y la imparcialidad fue posible desarrollar una agenda de paz y humanitaria, que en medio de la guerra ayudó a salvar muchas vidas”, reflexionó el actual Secretario de Paz del Valle del Cauca.
Lea además: JEP ordena la identificación de 33 cadáveres que están bajo custodia de la U de Antioquia
La entrega del informe a la Comisión de la Verdad se realizará este lunes, en la sede del periódico El País, y será transmitido por Facebook Live y otras redes sociales.
