La cita fue a las 3:00 p. m. en la habitación 805, del piso 8, en el hotel Torre Mar de Buenaventura. Fue el 15 de marzo de este año y en ese cuarto esperaban dos hombres y dos mujeres y sobre la cama había dos maletas repletas con fajos de billetes. Una quinta persona era la que bajaba y subía con los visitantes al furtivo encuentro.
La hermana Teresa Barreto y su acompañante Nubia Pulido, también de la comunidad religiosa Nuestra Señora de Carpintello, llegaron hasta el misterioso cuarto. Allí solo reconocieron a uno de los hombres porque llevaba una escarapela de la alcaldía. El otro sujeto era el emisario del abogado y hablaba de manera imponente.
“Nos dijo, mire esta es la plata que le vamos a entregar. Firma el recibo o se va con las manos vacías”, recordó la religiosa tras confesar que por varios minutos se dejó cegar por la ira, “pero al final reflexioné, si me voy para la Fiscalía, estos corruptos lo controlan todo. Mejor recibo esa platica para comprarle remesa a mis pequeñas”, explicó la hermana que es rectora del colegio privado Hogar de Niñas, donde atiende a 135 infantes.
La misteriosa cita en un cuarto de hotel era nada más y nada menos que la reunión que organizó el abogado Adolfo Chipantiza, quien representó a 18 colegios ante el municipio, en el cobro de los dineros que les adeudaban por tres meses de cobertura educativa del 2009. Chipantiza es el tristemente célebre secretario de gobierno de Buenaventura a quien el presidente Uribe hizo capturar en pleno consejo de seguridad en el 2006, porque al parecer le propuso al comandante de la Armada devolver 650 kilos de cocaína incautados.
El exsecretario quedó libre a las pocas horas del incidente, pero fue sancionado con 10 años de inhabilidad por la Procuraduría; hoy ejerce como abogado y en el puerto es reconocido como cercano colaborador de la estructura política del alcalde Bartolo Valencia. Y ahora reaparece en este escandaloso episodio. El recibo que le hicieron firmar a las monjas en el misterioso cuarto de hotel, era por $40.260.000, pero a ellas solo les entregaron ocho millones de pesos en efectivo. El abogado se quedó con 12 millones; otros 5 millones fueron para impuestos y los quince millones restantes “nos dijeron que eran para colaborarle a la secretaría de Educación y el alcalde”. VER AQUI RECIBO
Lo irónico es que esa no era la primera vez que “le metían la mano al bolsillo” al colegio privado de las monjas. En 2013 la hermana Barreto descubrió que la alcaldía usó la base de datos de los 415 estudiantes de su institución para hacerlos figurar como estudiantes fantasmas en varias escuelas rurales públicas.
Ella misma descubrió que 322 de sus alumnos aparecían en escuelitas públicas del Alto Naya y Cascajal, “le cobraban al Ministerio por estudiantes que en realidad estaban en el sector privado”, explicó tras recordar que a raíz de esa crisis debió cerrar el bachillerato.
Increíblemente ese caso que está documentado con pruebas, no hace parte del paquete de irregularidades que investiga la Fiscalía y que motivaron el pasado lunes 31 de agosto, la captura del alcalde Bartolo Valencia, dos exfuncionarios y seis contratistas.
Desde 2012 la revista SEMANA denunció esas irregularidades en una investigación que mostraba detalles de la manera como se robaban la plata de la educación en la ciudad portuaria.
Aunque en el proceso judicial de ahora tampoco hacen parte del expediente las denuncias en torno a la forma irregular como el abogado Chipantiza, al parecer ‘vacunó’ las cuentas de cobro de los 18 colegios a los que el municipio les adeudaba tres meses por cobertura educativa.
Como si eso no fuera suficiente, en poder de esta revista hay otros documentos oficiales que demuestran que los estudiantes fantasmas, eran habituales en la actual administración. Por ejemplo, otro documento de la consultoría C&M que contrató el Ministerio de Educación Nacional MEN, en 2014 para que verificara con visitas de campo la existencia de los estudiantes oficiales en Buenaventura, advierte el problema. VER DOCUMENTO C&M
“La rectora del instituto docente Emmanuel manifiesta que de los 147 estudiantes registrados en el anexo 6A, 145 sí están siendo atendidos por parte del establecimiento educativo, pero en matrícula privada; es decir son los padres de familia o acudientes quienes pagan la educación de los alumnos”. Otro documento del Ministerio confirma que los dineros que se giran para atender a los 46.851 estudiantes de matrícula contratada, estarían siendo desviados.
Eso se infiere porque varios de los 95 colegios privados inscritos en el banco de oferentes y que atienden estudiantes oficiales, denunciaron que este año solo les pagaron tres meses. Lo curioso es que en una carta el MEN confirma que desde julio giraron los 55.000 millones que corresponden a seis meses.
Con Bartolo son tres los alcaldes elegidos de Buenaventura que salen de su cargo directo a los estrados judiciales, por presuntas irregularidades en el manejo de los dineros de la educación. VER CARTA DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Tomado de : Revista Semana
