A pesar de su sonoro nombre, Buenaventura ha sido una ciudad a la que siempre han perseguido las desgracias. Construida sobre la isla de Cascajal,  en sus albores sufrió el rigor de las llamas debido a la fragilidad de sus bohíos y casas palafíticas que se extienden a lo largo de la línea del mar; más tarde, cuando se convirtió en el principal puerto del país, fue el botín privilegiado de sus políticos, que la esquilmaron a más no poder. Hoy vive el azote de las bandas criminales, que en aras de controlar el negocio de las drogas y las armas tienen atemorizada a una población que nunca pidió esta suerte.

 

Por todo el cúmulo de desgracias que ha tenido durante más de cuatro siglos, el puerto del Pacífico colombiano bien podría llamarse 'Malaventura'.

 

Buenaventura es el otro país. El país de los excluidos. El país de los desplazados. Por esto Naciones Unidas, al advertir su tasa de desempleo -que hoy asciende al sesenta por ciento de su población- y el índice elevado de muertes violentas, la llamó el año pasado "vergüenza mundial"; y monseñor Héctor Epalza, obispo de la ciudad, clama todos los días desde el púlpito para que la dirigencia nacional y regional vuelvan sus ojos sobre este puerto abandonado al destino perverso que imponen los bandidos.

 

En medio de esta situación que atenta contra la dignidad de sus habitantes, hoy, felizmente, tenemos una buena noticia para Buenaventura: el presidente Santos acaba de sancionar la Ley 1617 de 2013, que oficialmente convierte al puerto en Distrito Especial industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico.

 

Esto significa que Buenaventura, al igual que Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, debido a su importancia y ubicación geocultural privilegiada, va a tener un tratamiento especial que redundará en mejores recursos del Estado, acceso a las regalías y derecho a su autonomía.

 

Por primera vez, después de cuatrocientos setenta y dos años de abandono y miseria, la ciudad tiene con esta ley la mejor oportunidad para enterrar ese pasado que siempre la ha marcado y convertirse en uno de los mejores puertos del continente. 

 

Buenaventura es una ciudad de gente alegre, trabajadora y llena de energía que no se merece la suerte que hasta hoy ha tenido, debido a la desidia de la capital, a la venalidad de los políticos de la región y su alianza perversa con el crimen.

 

Ser Distrito Especial no solo es un honor para el principal puerto del país, sino que significa un reto para la dirigencia política del Valle, para el gobernador Ubéimar Delgado y el alcalde Bartolo Valencia, para la Sociedad portuaria, la Cámara de Comercio, la empresa privada y el sector académico, que con esta ley tienen el desafío de sacar a Buenaventura de su eterna agonía. 

 

De lo contrario, los versos del poeta del mar Helcías Martán Góngora seguirán cayendo en el vacío: 

 

Buenaventura, novia de los vientos, 

escribe con la punta de los mástiles

un mensaje amoroso de veleros.

A pesar de su sonoro nombre, Buenaventura ha sido una ciudad a la que siempre han perseguido las desgracias. Construida sobre la isla de Cascajal,  en sus albores sufrió el rigor de las llamas debido a la fragilidad de sus bohíos y casas palafíticas que se extienden a lo largo de la línea del mar; más tarde, cuando se convirtió en el principal puerto del país, fue el botín privilegiado de sus políticos, que la esquilmaron a más no poder. Hoy vive el azote de las bandas criminales, que en aras de controlar el negocio de las drogas y las armas tienen atemorizada a una población que nunca pidió esta suerte.

 

Por todo el cúmulo de desgracias que ha tenido durante más de cuatro siglos, el puerto del Pacífico colombiano bien podría llamarse 'Malaventura'.

 

Buenaventura es el otro país. El país de los excluidos. El país de los desplazados. Por esto Naciones Unidas, al advertir su tasa de desempleo -que hoy asciende al sesenta por ciento de su población- y el índice elevado de muertes violentas, la llamó el año pasado "vergüenza mundial"; y monseñor Héctor Epalza, obispo de la ciudad, clama todos los días desde el púlpito para que la dirigencia nacional y regional vuelvan sus ojos sobre este puerto abandonado al destino perverso que imponen los bandidos.

 

En medio de esta situación que atenta contra la dignidad de sus habitantes, hoy, felizmente, tenemos una buena noticia para Buenaventura: el presidente Santos acaba de sancionar la Ley 1617 de 2013, que oficialmente convierte al puerto en Distrito Especial industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico.

 

Esto significa que Buenaventura, al igual que Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, debido a su importancia y ubicación geocultural privilegiada, va a tener un tratamiento especial que redundará en mejores recursos del Estado, acceso a las regalías y derecho a su autonomía.

 

Por primera vez, después de cuatrocientos setenta y dos años de abandono y miseria, la ciudad tiene con esta ley la mejor oportunidad para enterrar ese pasado que siempre la ha marcado y convertirse en uno de los mejores puertos del continente. 

 

Buenaventura es una ciudad de gente alegre, trabajadora y llena de energía que no se merece la suerte que hasta hoy ha tenido, debido a la desidia de la capital, a la venalidad de los políticos de la región y su alianza perversa con el crimen.

 

Ser Distrito Especial no solo es un honor para el principal puerto del país, sino que significa un reto para la dirigencia política del Valle, para el gobernador Ubéimar Delgado y el alcalde Bartolo Valencia, para la Sociedad portuaria, la Cámara de Comercio, la empresa privada y el sector académico, que con esta ley tienen el desafío de sacar a Buenaventura de su eterna agonía. 

 

De lo contrario, los versos del poeta del mar Helcías Martán Góngora seguirán cayendo en el vacío: 

 

Buenaventura, novia de los vientos, 

escribe con la punta de los mástiles

un mensaje amoroso de veleros.