Desde hace siete días, la Interpol intenta localizar y capturar al magnate Ángel Pérez-Maura, cabeza de una de las más poderosas e influyentes familias de España que, hasta hace un mes, a través de Grup Maritim TCB, controlaba once puertos estratégicos en el mundo, incluido uno en Turquía y otro en Buenaventura, Valle.
Hasta hace 72 horas, el español, de 55 años, presidía la junta directiva de la Terminal de Contenedores de Buenaventura S. A. (TCBuen), de la que son socios el grupo empresarial Isaza, el municipio de Buenaventura y la autoridad ambiental CVC entre otros.
Además gozaba de una espléndida reputación en Colombia, en donde el Gobierno destacó que las bombas no sacaron a TCB de Buenaventura porque Pérez-Maura decía que las de la ETA también sonaban duro.
Pero el jueves, Camilo Gómez Alzate, apoderado de la terminal y de TCB en Colombia, viajó a Buenaventura a radicar la carta de renuncia de Pérez-Maura a la junta. Y oficializó que los españoles vendieron el 60 por ciento de sus acciones a la poderosa danesa APM Terminals.
LA EVIDENCIA
La transacción, que incluyó diez puertos en España, Centroamérica, Brasil y Turquía, y que asciende a mil millones de dólares, se venía cocinando desde finales del 2015. Pero se perfeccionó el 6 de marzo, coincidiendo con una investigación por corrupción que tiene a Pérez-Maura con orden de captura internacional y al presidente de su filial en Guatemala, Juan José Suárez, en la cárcel.
Son acusados de asociación ilícita, cohecho y fraude por supuestamente pactar un soborno de 24 millones de dólares para quedarse con la concesión de Puerto Quetzal, en Guatemala, terminal que también fue vendida.
La Fiscalía de ese país y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) –órgano de la ONU respaldado por Estados Unidos y por países de la Unión Europea–, dicen tener evidencia de que Pérez-Maura participó en una empresa criminal para obtener la concesión del puerto, en el 2012 y por 25 años. Según el expediente, la oferta fue pagar una parte del soborno en dinero y otra a través de un paquete accionario de TCQ, la empresa que se creó para operar el puerto.
Carlos Monzón, exsecretario general de la Vicepresidencia de Guatemala, asegura que por instrucción del entonces presidente Otto Pérez Molina, se reunió con Ángel Pérez-Maura para acordar los pagos.
“En cumplimiento de ese pacto ilegal, el 26 de marzo de 2013, Juan Carlos Monzón le hizo saber a Pérez Molina que, en reunión sostenida en Cancún (México) con Juan José Suárez y Mauricio Garin, voceros de TCB, habían llegado a un acuerdo sobre la forma y cronograma de pagos de los 24 millones de dólares”, dice el informe de la Cicig, en cabeza del exmagistrado colombiano Iván Velásquez.
Según ha testificado Monzón, el 60 por ciento del soborno era para el presidente Pérez Molina y para su vicepresidenta Roxana Baldettí, hoy presos por otro acto de corrupción en la Aduana de Guatemala. El resto era para Monzón, quien dice que ya preso, Pérez Molina exigió el pago total del soborno.
Fuente: El Tiempo
