La semana pasada, el país se vio sorprendido por la propuesta del Director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, al Gobierno y al Ministerio de Hacienda, para la creación de una regla fiscal más flexible que integre los recursos dedicados a la transición energética que se tiene planteada.
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Si bien el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salió a advertir que no hay un proyecto y que solo se trata de una “discusión filosófica”, que por ahora no se plasmará en una iniciativa que lleven ante el Congreso de la República, queda en el ambiente la inquietud sobre la necesidad o no de cambiar la regla fiscal y las consecuencias que esto traería a futuro.
(Vea: ¿Se ajustaría la regla fiscal? Director del DNP aclaró su propuesta).
“Cualquier modificación a la regla fiscal es un proyecto de ley, que tiene que discutir y aprobar el Congreso de la República. Por lo tanto, no hemos ni pensado ni construido ni diseñado un proyecto de ley para radicar en el Congreso”, aseguró Bonilla.
Bajo la propuesta de González, los recursos destinados en este aspecto no se contabilizarían dentro de los destinados a inversión o a administración, ya que, según él, con esto no se tendría un impacto sobre el balance fiscal del país. Aunque académico, el debate generó diversas reacciones y alertas entre los analistas y expertos.
Uno de ellos es el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien empezó recordando que “la regla fiscal ha sido un instrumento supremamente valioso en la historia de nuestro país, ha trascendido varios gobiernos y ha sido un instrumento a través del cual el Estado se compromete con obtener un ideal en el resultado del déficit fiscal y también en el nivel de deuda pública ahora respecto del PIB, por lo menos en la última modificación”.
(Vea: ¿Qué tan posible es la propuesta del DNP para una regla fiscal verde?).
“La propuesta no es conveniente y no lo es por cuanto significaría sacar del resultado del déficit fiscal y del nivel de deuda pública algunos gastos que se realizan o inversiones en proyectos verdes o limpios … esto genera impactos en aumento en tasa de cambio, aumento en el costo de financiamiento, genera impactos en un mal mensaje para las calificadoras de riesgo y también para los inversionistas nacionales e internacionales con riesgos derivados de lo anterior”.
Entre tanto, para Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, es una opinión correcta pero inoportuna.
Esto en el sentido de que hay que debatir si cierto tipo de inversiones deben excluirse de la regla fiscal, como inversiones en infraestructura, en la generación de energías limpias, o recursos del Estado, por ejemplo, para invertir en la generación de energías limpias y transmisión.
“El problema es que esa propuesta llegó en un momento inconveniente para la economía colombiana porque venimos de una decisión de tasas de interés del del Banco de la República con mucha presión por parte del Gobierno Nacional y de los sectores de la producción”, explicó.
(Vea: DNP propone la creación de una regla fiscal verde: en qué consistiría).
Cabe resaltar que hace un mes, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) hizo un llamado a la prudencia en el gasto para cumplir con la Regla Fiscal.
Según los expertos, a pesar de la aprobación de dos reformas tributarias en los últimos dos años, que aumentaron de forma importante los ingresos de la Nación (en cerca de 4% del PIB, a 2024), es clave limitar el gasto para cumplir los objetivos del el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
“El incremento de 1,2% del PIB en el gasto primario que se programa entre 2023 y 2024, impone una mayor presión sobre las cuentas de la Nación y revierte los logros en ajuste primario alcanzados después de la pandemia, en 2022, y los que se esperaban para 2023 en el escenario previo. Los balances primarios de 0% del PIB que se obtendrían en 2023 y 2024 son inferiores a los programados en el Plan Financiero de comienzos del año, y a los necesarios para estabilizar la deuda del Gobierno”, señala el documento.
Esta preocupación también la comparte el presidente de la Andi, Bruce Mac Máster, quien sostiene que el Gobierno debe ser muy cauteloso en su aproximación a eventuales cambios en la regla fiscal, porque de lo contrario se golpearía directamente la confianza que brinda el país a los inversionistas.
(Vea: Interés corriente de crédito de consumo y ordinario será de 26,53 % EA).
“Para esto debe tener en cuenta cuáles son los actuales niveles de riesgo percibido por parte de los mercados, al igual que los niveles de deuda que tenemos hoy día, con el fin de evitar reacciones inesperadas de los mercados que pudieran incrementar significativamente el costo del servicio de la deuda de Colombia, lo que no convendría al Gobierno ni a nadie, y se restringiría el acceso del país a los mercados”, dijo.
Dinero, deuda
El Tiempo
Frente a las consecuencias que podrían llegar para el país si no se tiene cuidado con el manejo de la regla fiscal, el profesor de la Universidad de los Andes, Carlos Sepúlveda, recuerda que esta impone unas restricciones que llevan a los gobiernos a ser responsables fiscalmente, ya que esto le da tranquilidad a los mercados e inversionistas.
“Romper irresponsablemente una regla fiscal trae consecuencias importantes en la legitimidad del país en los mercados internacionales. Si bien creo que la propuesta no va en ese sentido, el país tiene que pensar y discutir de nuevo en el marco de esa institucionalidad cómo se puede lograr que agendas como la de transformación productiva hacia la carbononeutralidad que el mundo se está moviendo”, dijo el académico.
(Vea: Tasas de interés: detalles de la decisión del Banrep de mantenerlas).
Así las cosas, estos expertos dejan claro que el manejo de este tema no es algo que se pueda tomar a la ligera y aunque se mostraron de acuerdo, en algunos casos, con la implementación de medidas de protección ambiental, resaltan que esto todavía merece un amplio debate y análisis.
Por tanto, agregaron, se deberían esperar un par de años en los que primero se debe controlar el gasto público y superar los retos que se vienen a futuro en materia de desaceleración económica, lucha contra la inflación, recuperación de la confianza inversionista y un posible repunte del desempleo en el mediano y largo plazo.
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