Redacción BL
En algunas cárceles de Colombia, es sabido que personas privadas de la libertad pueden obtener algunos beneficios. Por ejemplo, elegir a qué centro penitenciario ir, pagar por un trato diferente, tener alcance a algunas comodidades en sus celdas o, incluso, de forma ilegal, acceder a celulares y otros equipos tecnológicos.
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De acuerdo con Fernando Tamayo Arboleda, profesor de la facultad de derecho y director del Grupo de Prisiones del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, esto se debe a tres factores.
El primero es la corrupción presente en diferentes instituciones del Estado. «Según el índice de percepción de la corrupción, Colombia se encuentra en el puesto 87 entre 180 países evaluados en percepción de la corrupción. Esto implica un amplio reconocimiento por parte de los colombianos de la crisis institucional de diversos organismos estatales«, dice Tamayo.
En este sentido, la corrupción llega a jueces o funcionarios encargados de tomar decisiones sobre lugares de reclusión y personas con capital político, económica o social pueden llegar a tener influencia en ellas.
Cárceles en Colombia
Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO
Lo segundo es un asunto de seguridad y gobierno penitenciario. Es decir, las cárceles replican las condiciones de vida de la sociedad. Sus desigualdades y pobreza multidimensional que conlleva una estratificación social.
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«Esta reproducción de la vida en el exterior se facilita, por ejemplo, en la medida que para los funcionarios de la guardia penitenciaria —que son usualmente muy pocos, para supervisar una enorme cantidad de personas— resulta más sencillo vigilar poblaciones con cierto grado de homogeneidad, por lo que suelen separar a las personas por tipo de delito, clase social, grado de escolaridad, entre otras cuestiones«, puntualiza el experto.
Lo tercero es que las precarias condiciones en las cárceles hacen más fácil que el poder político, económico o social se pueda poner en beneficio de los internos. «En la medida en que el Estado no logra satisfacer las necesidades de la población privada de la libertad, se crea un mercado al interior de las cárceles para suplir los fallos institucionales», dice Tamayo.
De acuerdo con ello, hay reclusos que no solo tienen mayores beneficios, sino que se lucran de la necesidad de otros internos de suplir sus necesidades, según el experto.
Ahora bien, Tamayo también reconoce que no es un problema fácil de solucionar o que sea una cuestión de reforzar la ley. Para él es necesaria una reforma profunda del sistema penitenciario.
«Por supuesto, la corrupción es un asunto que debe ser atendido. Sin embargo, no se trata sólo de un problema de funcionarios corruptos. El asunto cobija problemas institucionales severos, como la escasez de personal de guardia, la falta de espacios penitenciarios, y la inadecuación de la vida en la prisión a unas condiciones mínimas de dignidad humana«, asegura el experto.
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Cárcel La Picota
Mauricio Moreno. EL TIEMPO
La cuestión, entonces, recaería en por qué los privilegios no se democratizan para todos los privados de la libertad. Tamayo explica que no siempre los privilegios en prisión son para ingreso de licos o realización de fiestas. La realidad muestra que se centran en elegir un lugar de reclusión para estar en «mejores cárceles», más cerca de su familia, acceso a programas de trabajo o educación, o a condiciones de vida aceptables (como agua potable, duchas, camas o alimentación adecuada).
«La cuestión no debería ser cómo acabar con los privilegios, sino como extenderlos a toda la población privada de la libertad. En últimas, el asunto es que, muchas veces, cuando hablamos de privilegios estamos en realidad hablando de derechos. El problema, entonces, no es que existan, sino que, al no estar garantizados para todos, se vuelven objeto de comercio«, afirma Tamayo.
Los vacíos en la regulación del sistema penitenciario
Uno de las mejoras claves es reorganizar los mecanismos alternativos a la prisión para evitar que personas que cometen delitos de poca gravedad terminen en los centros de reclusión.
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Lo segundo, según Tamayo, es reformar los mecanismos de reintegración al interior y el exterior de la prisión. «Esto implica el fortalecimiento de los programas de estudio y trabajo al interior de las prisiones, así como de las posibilidades de que las personas salgan, de manera temprana y condicionada, de la cárcel«, puntualiza.
Junto a ello, buscar instituciones que apoyen la reintegración social de los presos. Para el experto el éxito de una reforma al sistema penitenciario dependerá de una fuerte inversión presupuestal.
«La regulación debe, en cualquier caso, ir acompañada no sólo de los mecanismos para reforzar su aplicación, sino de mecanismos de transformación social tanto al interior como el exterior de las prisiones. Sin esto, por más que existan normas, no podrá transformarse ni la realidad penitenciaria, ni la realidad del país», asegura.
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