Redacción BL
La apertura de una investigación al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por parte de la Justicia de Guatemala se convirtió también en un conflicto diplomático.
Esto porque una vez se conoció la noticia el presidente Gustavo Petro reaccionó llamando a consultas a su embajadora en el país centroamericano, mientras que ese Gobierno hizo lo propio y Estados Unidos se solidarizó con el funcionario colombiano.
“Estas acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema judicial de Guatemala”, dijo en Twitter el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, al declararse “preocupado” por los señalamientos de la Fiscalía de ese país a quienes combatieron la “corrupción” asociada a la multinacional Odebrecht.
Justamente, entre los años de 2013 y 2017 Velásquez fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instancia creada con el auspicio de las Naciones Unidas para investigar casos de corrupción en ese país.
Sin embargo, ayer el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de ese país, Rafael Curruchiche, le dijo a Caracol Radio que “hemos logrado establecer que Iván Velásquez pudo haber cometido los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. Hay elementos sólidos, contundentes y muy evidentes y por eso hemos tomamos la decisión de iniciar una investigación”.
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Se refiere el funcionario a que el hoy Ministro de Defensa habría avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de “colaborador eficaz” (testigo protegido) de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de Odebrecht en Guatemala (ver subnota).
“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”, fue lo primero que dijo el Mandatario colombiano, Gustavo Petro, respecto al anuncio de Curruchiche, quien el año pasado fue incluido por Washington en su lista de “corruptos” de Centroamérica.
Luego, la Cancillería colombiana confirmó el llamado a consultas de la embajadora, Victoria González Ariza, acción que fue respondida por el Gobierno de Guatemala, al pedirle a la diplomática Reagan Vega que regrese de Bogotá al país centroamericano.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes. En ese sentido, hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas”, se informó desde ese país (ver recuadro).
Y agregó: “Guatemala reitera el respeto de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho y de la separación de poderes, y hace un llamado para que el asunto se resuelva por la via diplomática y el diálogo”.
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Sin embargo, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, fue más enfático: “Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir”.
De su lado, mediante un comunicado, Velásquez rechazó la acusación e indicó que no ha “sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala”.
“Mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como Ministro de Defensa Nacional”, puntualizó.
Horas más tarde, el Ministro agradeció el respaldo del Jefe de Estado: “Agradezco profundamente al presidente, Gustavo Petro, sus expresiones de solidaridad y confianza. Conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y, desde diferentes trincheras, lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza”.
Investigaciones e investigados
Según el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, Iván Velásquez y la exfiscal general de ese país Thelma Aldana otorgaron en 2017 el “visto bueno” para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz en medio de la investigación contra Odebrecht, “lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando” con la firma brasileña.
Por ello, anunció que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Feci, del país centroamericano “emprenderá las acciones legales correspondientes” para que Velásquez y otros involucrados en el caso “respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos”, al considerar que la negociación causó “grave detrimento al Estado de Guatemala”.
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De hecho, ya hay órdenes de captura contra Aldana; Mayra Véliz, exsecretaria del Ministerio Público; David Gaitán, exmandatario de la Cicig, y Pablo Carrasco, exasesor de Odebrecht.
La mayoría de los detenidos por este caso han sido acusados de abuso de autoridad por la entidad guatemalteca a cargo de Consuelo Porras, a quien Estados Unidos incluyó en 2021 en su listado de funcionarios “corruptos y antidemocráticos”.
En diciembre fue condenada a cuatro años de prisión Virginia Laparra, exjefa de la Feci, por haber denunciado a un juez por sobrepasar sus funciones.
En el caso particular de la investigación ‘La Línea’, que lideró Velásquez, estuvieron involucrados funcionarios del Gobierno de Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, condenados por corrupción.
El de este exmandatario, al que se acusó de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y en diciembre pasado recibió una pena de 16 años de prisión, fue el caso de mayor impacto que tuvo a su cargo en Guatemala el hoy Ministro de Defensa.
En 2019 el expresidente Jimmy Morales Cabrera anunció que no se renovaría el mandato de la Cicig y ordenó que Velásquez fuera expulsado de Guatemala, declarándolo “non grato”.
En la actualización de su lista de “corruptos” de Centroamérica, Washington incluyó el año pasado a Curruchiche y otros quince guatemaltecos, entre ellos personas que contribuyeron a procesar a funcionarios de justicia, una de las críticas recurrentes de Washington al Gobierno del conservador Alejandro Giammattei.
Estados Unidos ha criticado en reiteradas ocasiones a Guatemala por la detención de fiscales anticorrupción y la designación en puestos judiciales de personas acusadas de corrupción.
Y en diciembre del 2022, el alto comisionado de la ONU, Volker Türk , instó al país centroamericano a “fortalecer y garantizar la independencia” de su sistema judicial, declarándose “profundamente perturbado” después de que Laparra fuera condenada.
