La Federación que los agrupa en Venezuela denunció que los empresarios agropecuarios deben aceptar una "constancia de permanencia" en vez de un certificado de titularidad de sus tierras. Sin el documento no pueden acceder a los créditos. "Estamos en una situación de indefensión", reclaman
El presidente de FEDENAGA, Manuel Cipriano Heredia, explicó a El Nacional que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) obliga a los ganaderos y agricultores a renunciar a su condición de propietarios. Si no aceptan el documento que les otorga el gobierno –aunque no respete su titularidad sobre las tierras– no pueden acceder a la financiación.
La trampa es efectiva: si no aceptan el certificado que los despoja de su propiedad, muchos no pueden mantener sus fincas. Y aun cuando lo aceptan, no tienen garantías de obtener el préstamo porque muchos bancos desconfían del documento del gobierno.
"Se trata de productores que tienen más de 40 años con sus fincas y todos los documentos legales. Tampoco les reconocen la titularidad", detalló Heredia.
Además, declaró que "no se respeta la Constitución que garantiza el uso, goce y disfrute de la propiedad. No se puede realizar ningún tramite notariado si antes no se cuenta con la autorización del INTI".
Los productores agropecuarios no pueden realizar ningún procedimiento sin la autorización del organismo de control. "Esto paraliza la actividad agropecuaria porque no se permite agilizar los trámites para hipotecar la tierra y obtener créditos", explicó Gonzalo Vargas, presidente de la Asociación de Ganaderos del Norte del Táchira.
Desde la FEDENAGA, aseguran que en los planes de Hugo Chávez está la expropiación de 250 fincas en la región del sur del Lago de Maracaibo, que abarca parte de Táchira, Mérida y Zulia.
