Tras conocer el pronunciamiento de un juzgado Administrativo del Circuito de Buenaventura, sobre la ilegalidad de la explotación aurífera que se venía realizando en el corregimiento de Zaragoza, comenzó la salida de la comunidad y de la maquinaria que desarrollaban esta actividad en la localidad.
En consecuencia, la Policía Nacional intensificó de inmediato diferentes acciones e implementó planes disuasivos, preventivos y de control, dentro de los cuales se encuentran la identificación de las personas que ejercían esta actividad, vehículos que transitaban por el sector y plan desarme, entre otros, para contrarrestar los hechos delictivos, informó el brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte, comandante de la Regional Cuatro de la institución armada.
Como resultado de ello y 15 días después de conocida la medida, el panorama registrado durante el fin de semana en esa jurisdicción fue desolador. El corregimiento que hasta hace algunos días albergaba más de 4.700 personas ha disminuido su población y los mineros están abandonado la búsqueda del oro para evitar las acciones de control que efectúan las autoridades, según se pudo confirmar en sobrevuelos realizados por la Policía Nacional, para inspeccionar el sitio.
“Se calcula que el 80% de la maquinaria que era utilizada en la extracción ilegal del oro, ha sido retirada del lugar”, dijo el general Ricaurte Tapia, al visitar la zona con el fin de identificar el área, puntos estratégicos y establecer las acciones correspondientes para contribuir a hacer efectiva la las disposiciones penales, mineras y ambientales aplicables a este fenómeno. El objetivo es contribuir a la consolidación de la seguridad ciudadana en el corregimiento que venía padeciendo las consecuencias del ejercicio de una actividad ilegal.
Como parte de ello, la Policía realizará campañas de concienciación, dirigidas a quienes desarrollan la extracción aurífera, indicando la ilegalidad de la acción, el deber de todos los ciudadanos de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, prevenir el daño al medio ambiente y colaborar en la construcción de la convivencia pacífica, en una zona afectada igualmente por la violencia. Con El Pais
