Redacción BL
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió un comunicado respecto a la concesión vial Autopistas del Caribe. Este pronunciamiento se presenta luego de que el Ministerio de Transporte, William Camargo, anunciara que el proyecto entraría en etapa de reversión.
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Según explicó la entidad, desde el 2022, la ANI adelanta la revisión contractual de la iniciativa de concesión. En ese contexto, señaló que, pese al trabajo conjunto que se ha venido realizando con el concesionario, no se ha encontrado una solución que otorgue la viabilidad financiera para la ejecución de la obra.
«Tras 10 mesas de trabajo con el concesionario, en los que la ANI ha demostrado su voluntad e interés en el análisis de 6 escenarios propuestos, no ha sido posible encontrar una alternativa que permita el cierre financiero del proyecto, por lo que este no cuenta con viabilidad financiera», destaca el texto.
De lo anterior se desprenden diferentes motivos que derivaron en esta situación.
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De acuerdo con el comunicado, la concesión Autopistas del Caribe es una Iniciativa Privada, en la que «el originador tiene la responsabilidad de realizar, por su propia cuenta y riesgo, la estructuración del proyecto. Este tiene una inversión para la construcción de $2,33 billones (CAPEX) y de $4,42 billones para la operación y mantenimiento (OPEX)».
De la misma manera, aclara que los recursos para la financiación del proyecto, conforme a lo establecido en la Ley 1508 de 2012, provienen en su totalidad del recaudo de peajes, sin aporte de recursos por parte de la Nación.
En ese sentido, se explica que, como parte de la estructuración de la obra, el concesionario definió para su financiación una estructura tarifaria a partir del recaudo de seis peajes que ya estaban en operación (Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Galapa y Sabanagrande) y un peaje nuevo (Arroyo de Piedra).
De ese grupo, el peaje de Turbaco representa el 39 % del total del tránsito promedio diario de la iniciativa y la estación de Arroyo de Piedra el 7 %. Es decir, entre los dos representan el 46 % del tráfico del corredor.
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No obstante, durante la ejecución del contrato, no ha sido posible implementar la estructura tarifaria sobre la cual se diseñó el proyecto. Esto se explica en parte porque no se han aplicado los incrementos contemplados.
La ANI también destacó que ha realizado 17 mesas de trabajo con las comunidades y los transportadores de la región, así como con autoridades territoriales, «con el fin de concertar soluciones ante estas situaciones y garantizar la continuidad del proyecto».
Además, ha llevado a cabo 10 espacios de este tipo con el concesionario y la interventoría. Durante estas jornadas, la firma encargada de la obra presentó seis escenarios para la reestructuración de la misma, sin embargo, «todas las alternativas plantean la reactivación del peaje de Turbaco en su totalidad, así como la instalación del peaje de Arroyo de Piedra».
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En ese orden de ideas, la entidad indicó que «dado que no se ha alcanzado el recaudo requerido para la ejecución del proyecto, ha sido necesario compensar los recursos a través de una subcuenta especial, por un valor de $84.903 millones para suplir el recaudo de Turbaco, el diferencial tarifario y la no operación del peaje Arroyo de Piedra, quedando por pagar $70.744 millones y, adicionalmente, con una proyección de $95.917 millones que se causarían entre enero y octubre de 2024».
La ANI también advirtió que a partir de noviembre del año en curso el contrato no contará con más recursos para realizar compensaciones, lo que no solo impide la ejecución de la obra en materia financiera, sino que llevará a que el proyecto entre en un déficit de $2.084 millones al cierre del 2024.
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