Contralora de Buenaventura cuestiona fallo de la Procuraduría
La contralora de Buenaventura, Ana Bety Arboleda, cuestionó este miércoles el fallo de la Procuraduría que la destituye e inhabilita por diez años para ejercer cargos públicos.
La decisión de la Procuraduría se basó en dos irregularidades: la primera hace referencia a que Arboleda siguió una investigación contra el alcalde de Buenaventura, José Félix Ocoró, cuando fue declarada impedida para ello; y la otra tiene que ver con la incapacidad de la funcionaria para probar un supuesto detrimento en la Administración local.
“El fallo proferido por la Procuraduría Provincial de Buenaventura es abiertamente irregular”, dijo Arboleda, al enfatizar que "la Procuradora pretende que una causal de impedimento se haga extensiva a toda la Contraloría Distrital de Buenaventura".
La funcionaria aclaró que, si bien existía un impedimento por una acción de tutela que había ganado el alcalde José Félix Ocoró y que impedía que se investigara al Mandatario, esa situación no cobijaba todas las otras instancias de control de la entidad.
"Por eso acudiremos a las instancias que permite la Ley", precisó Arboleda, quien ha sido protagonista de un largo lío judicial de más de un año con el actual Alcalde y su directora Financiera, Ceneida Caicedo, quien hace poco debió abandonar la ciudad por amenazas de muerte.
Según la Contraloría, esta situación ha afectado notablemente la labor misional del ente de control, así como el resarcimiento del daño al patrimonio público que debe hacer la Contraloría Distrital, causados por los presuntos responsables que estaban siendo investigados por este organismo de control.
"Es falso que la decisión del Ministerio Público local tenga que ver con el informe de auditoría practicado a la Dirección de Administración y Gestión Financiera (vigencia 2010 primer cuatrimestre del 2011), donde esta Contraloría Distrital denunció $102 mil millones como presunto detrimento patrimonial y que hasta la fecha la entidad auditada no ha dado explicación sobre lo evidenciado. Y las demás autoridades competentes, donde se han trasladado las presuntas irregularidades, aún no dan a conocer una decisión de fondo", precisó la funcionaria.
Ana Bety Arboleda cuestionó abiertamente a la procuradora María Cristina González Franco, al indicar que la funcionaria "brinda prioridad al interés particular, dejando al olvido los intereses colectivos, sin importar atropellar la Ley".
La contralora aseguró que hay muchos intereses en separarla de su puesto y que si a ella le “pasa algo después de que salga del cargo, el responsable sería Juan Carlos Martínez", quien se encuentra recluido en una cárcel de Barranquilla por 'parapolítica'.
