La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha manifestado que las zonas más afectadas por la violencia e influencia de organizaciones y economías ilegales pueden verse impactadas, lo que generaría mayores dificultades para cumplir con las medidas decretadas por el virus.
Según la Fundación, esta preocupación se concentra, por ahora, en seis puntos clave para la Agenda de Estabilización.
1. El accionar de los grupos armados y las funciones criminales no será uniforme
Aunque en algunas zonas la cuarentena podría disminuir las acciones armadas de los grupos ilegales, en otras podría ser un espacio para expandir las acciones delincuenciales armadas.
Además, se menciona que se podrían disminuir algunas economías ilegales (narcotráfico y/o contrabando) debido a la interrupción de las cadenas de transporte y comercialización en medio de la pandemia. Sin embargo, otras actividades ilegales podrían tomar fuerza, como la minería ilegal, la extorsión, el hurto y los saqueos.
2. En algunas zonas las medidas humanitarias aliviará la población, pero en otras la situación podría empeorar
La FIP advirtió sobre algunos riesgos para los líderes sociales. Entre ellos, la restricción de movilidad puede aumentar la vulnerabilidad de estas personas al tener rutinas y ubicaciones mucho más previsibles.
El desplazamiento y los confinamientos preocupan. Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ambos sucesos se han incrementado en este año, especialmente en las zonas de Chocó y Nariño.
De la misma manera, se mencionó que la violencia contra mujeres y niñas puede aumentar en las zonas del conflicto armado por el riesgo de violencia intrafamiliar y sexual, tráfico de personas, explotación sexual, violencia cibernética y un mayor riesgo para las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.
3. Debilitamiento de la capacidad de respuesta ante la crisis migratoria
“El cierre de las fronteras terrestres decretado por Duque podría intensificar el control de estructuras armadas en estos territorios y dinamizar las economías ilegales como el contrabando, el tráfico de migrantes y la explotación sexual. Algo que puede ser más evidente en la frontera colombo-venezolana”, afirmó la Fundación.
Se añade que la situación es preocupante porque las organizaciones de cooperación internacional dedicadas a la atención de extranjeros han suspendido temporalmente sus operaciones debido a las medias de aislamiento social. Al respecto, se menciona que en varias zonas, entre ellas Norte de Santander, se han cerrado algunos refugios y comedores que atendían a población migrante.
4. Las movilizaciones y protestas, un nuevo ciclo de demandas ciudadanas
Según la Base de Datos de Movilización Social de la FIP, desde el inicio del aislamiento nacional (entre el 25 y el 31 de marzo) se presentaron al menos 22 movilizaciones de distinto tipo: 54 % sucedieron en ciudades capitales y las demás se dieron en municipios. En este periodo han protestado los trabajadores de la salud, trabajadores informales y migrantes, entre otros.
5. Sobrecarga de funciones para la fuerza pública y alto riesgo de contagio
La FIP menciona que hay una sobrecarga en las funciones de la fuerza pública debido a las restricciones tomadas para mitigar la expansión del virus. A esto se suma que la inconformidad de la ciudadanía con las medidas adoptadas y las consecuencias que se pueden generar podrían dejar un efecto negativo en la legitimidad de la Policía.
6. La agenda de construcción de paz se ralentiza
La FIP dijo que pesea los esfuerzos del Gobierno para garantizar la atención en salud y aliemntos a los ETCR y los apoyos económicos a los excombatientes: “El Covid-19 plantea un desafío mayúsculo para la implementación del Acuerdo de Paz en términos logísticos y operativos, una posible disminución de recursos y la redefinición de las prioridades. La ralentización, o incluso el detenimiento de algunas de las actividades, pueden aumentar los rezagos en componentes claves de la agenda de estabilización y de transformación territorial”.
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