La decisión tomada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, de ordenar “todos los fines de semana, hasta que termine la pandemia” la ley seca y de imponer, “además, los puentes toque de queda” puso, otra vez, sobre la mesa la discusión de la efectividad de varias de las medidas dictadas por las autoridades locales para derrotar al coronavirus.
No hay consenso en este tema, como se aprecia en opiniones tan diversas en las redes sociales o en los oyentes que en los programas matinales de radio.
El alcalde de la capital antioqueña dijo en una rueda de prensa, difundida por Telemedellín: “Lamentablemente, el fin de semana pasado, la Policía tuvo que intervenir 1.877 fiestas. Esto no es aceptable. Por esto, todos los fines de semana, hasta que termine la pandemia, habrá ley seca. Además, los puentes van a tener toque de queda“.
Quintero Calle dijo que la decisión fue difícil de tomar, pero es para que la gente de Medellín deje de pensar que la emergencia “es una fiesta y que se pueden ir de paseo”.
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No podemos cantar victoria frente al Covid19. Las próximas semanas serán las más difíciles, la segunda etapa del virus ha iniciado y la disciplina será la clave fundamental para enfrentarla. Es por ello que he tomado las siguientes medidas:
(Abro hilo)— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) July 2, 2020
Su argumento es similar al del alcalde de Cartagena, William Dau, quien hace unos días había dicho que “el fin de semana pasado la Policía tuvo que intervenir 1.200 fiestas, y más de 400 riñas. Entonces, lastimosamente no podemos seguir dejando a la gente salir, tenemos que apretar un poco más”.
Y en línea con esa tesis, impuso también ley seca y toque de queda en La Heróica con la posibilidad de que las personas madruguen a comprar bebidas alcohólicas para llevarlas a casa.
“Los ejemplos de las fiestas y las reuniones que hemos tenidos en los fines de semana anterior nos obliga a mantener estas medidas”, había argumentado, también varios días atrás, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al anunciar decisiones similares.
A este panorama, hay que sumarle el pico y cédula, existente en otras localidades; a la alternancia para salir de acuerdo al sexo, a la prohibición para mayores de 70 años y a los pocos minutos para salir a caminar en el caso de los niños y a la avalancha de excepciones aquí y allá.
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Pero, ¿hoy por hoy los ciudadanos están recibiendo un discurso coherente y sustentado de parte de sus gobernantes? O ¿Entre tantas ordenes hay un mar de confusión que puede alterar tan noble propósito como es el de proteger la vida de sus ciudadanos? ¿Están las autoridades del país comunicando bien sus mensajes?
En un análisis reciente del periodista Ricardo Ávila, publicado en este diario, Raquel Bernal, vicerrectora de la Universidad de los Andes y experta en el tema dijo: “el miedo está basado en la desinformación, por lo cual si queremos lograr adherencia tanto al encierro como a la apertura, los gobiernos deben ser capaces de comunicar más y mejor”.
Ávila, Analista Sénior en EL TIEMPO, dijo en su momento, “en lugar de restricciones por doquier, el país necesita moverse hacia un esquema que permita concentrar esfuerzos en los diez municipios que albergan el 80 por ciento de los casos activos, atender rápido los focos que aparezcan y dejar que el resto salga de la mentalidad del toque de queda”.
“No se trata de bajar la guardia, sino de gastar las energías en donde se requieren. De lo contrario, el riesgo es persistir en una estrategia que amenaza con profundizar la que ya es una crisis enorme”, argumentó.
Además, otro factor para tener en cuenta, como se ha visto en otras partes del mundo, y es el del inquietante autoritarismo que por la pandemia empiezan a abrazar algunos gobernantes frente a sus ciudadanos.
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“La nueva amenaza comenzó en China, donde el intento inicial de un gobierno que ya era autoritario de ocultar la epidemia hizo posible su propagación mundial. Pero no es el único ejemplo. En la India, el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, dictó una cuarentena de 21 días con solo cuatro horas de preaviso, lo que dejó a millones de las personas más pobres del mundo sin tiempo para acumular alimentos y agua”, dice Patrick Gaspard, exembajador de Estados Unidos en Suráfrica y presidente de las Open Society Foundations, también en un articulo publicado por EL TIEMPO.
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“En Kenia y Nigeria, policías y militares han apaleado a personas solo por parecer lentas en cumplir los protocolos de distanciamiento social. En Israel, las autoridades han comenzado a usar datos de los teléfonos celulares para rastrear los movimientos de los ciudadanos, sumándose así a una veintena de gobiernos que están tensando al límite el derecho a la privacidad. Y en Hungría, el primer ministro, Viktor Orbán, que lleva años consolidando su poder, logró la aprobación de una ley que en la práctica sanciona su condición de dictador absoluto (puede gobernar por decretos, sin supervisión parlamentaria y por tiempo indefinido)”, añadió Patrick Gaspard.
El respetado analista anota que los gobiernos aducen que la adopción de estas medidas es necesaria para combatir la pandemia. “Pero la historia muestra que los poderes de emergencia de los líderes no liberales casi siempre se vuelven permanentes”.
Desde la otra orilla, y con los números en la mano, están quienes aplaudes las decisiones de los gobernantes porque la situación es dramática. El Ministerio de Salud, por ejemplo, informó este miércoles que en Colombia ya hay 102.009 contagiados.
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Aunque el gobierno del presidente Duque destaca que las cifras son menores a las de otras naciones latinoamericanas, las infecciones y decesos han aumentado considerablemente desde que él ordenó flexibilizar, a finales de abril, el encierro obligatorio en vigor desde el 25 de marzo.
En junio, por ejemplo, se presentaron dos terceras partes del total de infecciones y decesos.
En su intento por reactivar la golpeada economía, Duque aboga por el autocuidado. Con las más recientes cifras, Colombia se mantiene como el sexto país en América Latina en número de muertos por covid-19 y el quinto en contagios, en momentos en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el mundo entró en una “fase peligrosa” por cuenta del desconfinamiento.
Ante semejantes desafíos, se requiere que exista un discurso claro, coherente y preciso de los gobernantes para que la ciudadanía con la información en la cabeza sepa qué hacer.
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Pero, hoy por hoy y como están las cosas, en el ambiente parece que, como dirían los abuelos, las cargas se ajustan sobre el camino.
Y en una situación tan delicada por tratarse de una cuestión de salud pública, parece que no es lo más conveniente. Así sea de una norma que puede ser trivial en semejante drama como es la ley seca. De ahí que en el ambiente hoy gravite una discusión entre los ciudadanos, polarizada en algunos casos, que muestra que el mensaje no está llegando bien.
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