EL TIEMPO estableció en primicia que Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) acaban de radicar oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la ponencia en la que abren investigación formal a la campaña Petro Presidente 2022-2026 y formulan cargos por violación de topes al entonces candidato, Gustavo Petro, al gerente de la campaña, Ricardo Roa, y a los auditores de la misma.
La decisión se conoce en medio de la tormenta judicial y política desencadenada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que ha terminado golpeando a altos funcionarios del Gobierno y del Congreso.
A la Comisión de Acusaciones de la Cámara le corresponde por ley conocer cualquier conducta que el CNE decida compulsar en torno al presidente y entonces candidato Petro por la violación de topes, conducta que tiene efectos penales desde 2017. De hecho, parte de la defensa del mandatario ya había pedido que las piezas del expediente fueran remitidas a esa instancia.
Pero en el caso de Roa y de los demás implicados, se da por descontado que se compulsen copias a la Fiscalía que en la administración de Francisco Barbosa, ya había avanzado en la investigación.
La investigación contra Roa en el CNE, que se une al expediente disciplinario que ya le abrió la Procuraduría, se conoce en momentos en los que los ingresos y ganancias de Ecopetrol cayeron durante el primer trimestre de 2024. Por solicitud de varios miembros de junta, la empresa Control Risks ya había advertido que las indagaciones a Roa iban a impactar a la estatal petrolera.
Ricardo Roa.
EL TIEMPO anticipó que son al menos 6.000 millones de pesos los que no les cuadrarían a la campaña y hay cuatro casos concretos que se mencionan en la ponencia de Ortiz y de Prada.
Además de los pagos a los testigos electorales, los gastos que se indagaron incluyen publicidad pagada a un canal de televisión y los aportes de los sindicatos de Fecode y la USO, entre otros. Ninguno de estos aparecen en libros de campaña.
En el caso de Fecode se incluyó la escritura pública y la certificación sobre la donación por 500 millones de pesos que EL TIEMPO obtuvo en una notaría y reveló hace dos meses. El dinero fue asignado a la campaña Petro y redireccionado cuatro meses después hacia la Colombia Humana que lo usó para pagos a testigos electorales.
Fecode ha sido uno de los sindicatos que ha acompañado al presidente Petro en las recientes movilizaciones y está a la espera de que se afine el nuevo modelo de salud para el magisterio.
Este diario también estableció y reveló que los aportes del poderoso sindicato de la USO fue de 1.033 millones de pesos y no de 600 millones como se dijo inicialmente. Los voceros de los sindicatos insisten que el dinero era para estimular la participación de sus integrantes en el campo democrático.
Sobre el pago a los testigos electorales, el CNE concluyó que sí fueron gastos de campaña no reportados.
Ricardo Roa Barragán y Gustavo Petro.
También clasificaron en el análisis del CNE informes sobre los vuelos que le prestó a la campaña la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi Sas).
Sin embargo, fue descartada, al menos por ahora, la supuesta donación en especie y en un avión de la empresa de criptomonedas Daily Cop. Pero Sadi Sas sí aparece mencionada en la ponencia.
La decisión del CNE, que pasará a discusión de todos los magistrados del CNE (9), será respondida por los nuevos apoderados del presidente Petro (el abogado Héctor Carvajal) y el de Roa (el abogado Gustavo Quintero).
EL TIEMPO – UNIDAD INVESTIGATIVA
