El cierre parcial de la Administración Obama, que entró en vigor este martes por falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para extender el presupuesto federal, ha enojado a los ciudadanos estadounidenses, que consideran que sus políticos no han estado a la altura de lo que se espera de la primera potencia mundial.
Unos 800.000 trabajadores públicos han quedado en sus casas, con promesa de que igualmente recibirán su salario, pero eso podría peligrar si el cierre se prolonga varias semanas. El único acuerdo del Congreso, en medio de las peleas entre los dos partidos, fue garantizar que los miembros del Ejército recibirán su paga puntualmente. La anterior ocasión en que hubo un cierre de la Administración, entre diciembre de 1995 y enero de 1996, las tres semanas de paro supusieron para el Gobierno un costo actualizado de 2.100 millones de dólares.
El 72% de los estadounidenses desaprueba que se haya llegado a un cierre por la exigencia republicana de condicionar la extensión presupuestaria a la retirada de fondos para la implementación de la reforma sanitaria de Obama, de acuerdo con un sondeo de Quinnipiac. Aunque ciertamente la animadversión de los republicanos hacia el llamado “Obamacare” es entendida –el 47% de los estadounidenses están en contra de esa reforma, y el 45% a favor–, el 58% de los encuestados estima que no debía usarse la discusión presupuestaria para eliminar una legislación aprobada en 2010 y refrendada por el Tribunal Supremo. Ese fue el argumento usado por Obama y su partido, que domina el Senado, para rechazar las propuestas que los últimos días emanaban de la Cámara de Representantes, con mayoría de republicanos.
Si bien estos son los que más cargan con los platos rotos, las acusaciones se dirigen a todos. Una encuesta de “The Washington Post” y la cadena ABC, el 63% de los ciudadanos desaprueba el papel jugado por los republicanos, el 56% desaprueba la actitud de los demócratas y el 50% la del presidente Obama.
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