El adecuado funcionamiento del Estado necesita de entidades públicas sólidas, gestionadas de forma eficiente y con probidad. Un Estado democrático, equitativo, justo e incluyente, requiere de un sector público en el que la gestión de los recursos observe reglas claras y pertinentes, promoviendo la participación ciudadana y generando transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, los ciudadanos están preocupados por conseguir un control del poder, tanto político como económico, que garantice el adecuado uso de los recursos públicos para el beneficio de toda la sociedad.
(Vea: Grupo Sura: ‘No hubo fraude contable en acuerdos con coinversionistas‘).
Finalmente, queremos un Estado que garantice derechos, satisfaga necesidades y solucione problemas de las y los ciudadanos. Por todo esto, necesitamos de la información contable pública, pues requerimos conseguir cuentas claras y un Estado transparente.
El 23 de julio se cumplieron 27 años de la expedición de la Ley 298 de 1996, por medio de la cual se creó la Contaduría General de la Nación, CGN, y el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, SNCP.
Esta Ley y su materialización resultan vitales en la construcción de nuestra democracia y de un sector público moderno que permitan materializar nuestro anhelado Estado Social de Derecho. Por ello, conviene resaltar algunos de los logros en estos años de existencia de la CGN que, al mismo tiempo, implican retos para el futuro.
Los ciudadanos escuchan en los medios de comunicación, los debates políticos asociados al presupuesto. No obstante, los ciudadanos quizás están menos enterados de los efectos de la aplicación de ese presupuesto sobre la riqueza pública, que es un patrimonio social.
La operatividad del Estado, gracias al presupuesto público, lleva a invertir y a generar activos, tales como las infraestructuras públicas (colegios, carreteras, edificios públicos, plazas públicas, aeropuertos, etc.); así como a operar y prestar servicios y bienes públicos (salud, educación, seguridad, justicia, etc.).
La identificación del impacto patrimonial, financiero, económico, social y ambiental fruto de la gestión pública es, en gran parte, posible gracias a la contabilidad pública.
(Vea: Qué es el fraude contable y cómo prevenirlo en las empresas).
Aunque queda mucho por hacer y por mejorar, hace aproximadamente 30 años no teníamos el conocimiento, posibilitado por el SNCP, los datos y la información contable que hoy tenemos sobre la propiedad y el control de recursos financieros, edificaciones, infraestructuras, derechos o cuentas por cobrar, inversiones, intangibles o bienes de uso público, entre muchos otros.
Hoy tenemos mejor información sobre el valor de los compromisos y obligaciones que la Nación y el Sector Público tienen con los ciudadanos, los prestamistas y otros grupos de interés.
Hoy podemos conocer con más precisión el déficit real en la operación del Estado, las necesidades de financiación y los impactos patrimoniales de la deuda pública.
Asimismo, tenemos un conocimiento más preciso de la rentabilidad y valorización de las inversiones estatales en empresas públicas y los usos de sus excedentes en el presupuesto público.
Si esa información contable se usa con compromiso y responsabilidad por parte de los gestores públicos, se podrán tomar decisiones más eficientes y eficaces.
Si los planificadores de políticas atienden a los datos contables, basados en hechos contrastados antes que en estimaciones, las políticas públicas pueden ser más efectivas y con mayor impacto en los ciudadanos.
Si los legisladores consultan y analizan la información contable, las leyes pueden sincronizarse con los esfuerzos y necesidades económico-financieras para su cumplimiento. Si los ciudadanos se empoderan de las cuentas públicas, se podrá hacer mejor control social, exigiendo rendición de cuentas y responsabilidad basada en los resultados, lo que llevaría a una participación ciudadana renovada.
Por ello, de entre muchos, al menos dos grandes retos se avizoran luego de 27 años de la creación de la CGN: 1) es imperioso construir cultura contable pública, para que ciudadanos, funcionarios, políticos y gestores públicos valoren las potencialidades de la contabilidad pública, se prepare con mayor calidad y se use de manera efectiva. Este es un camino indispensable para avanzar en la lucha contra la corrupción.
(Vea: ¿Deben cambiar las reglas contables vigentes en era bitcóin?).
2) es necesario complementar la información financiera pública con información no financiera, para gestionar y dar cuenta de los resultados del sector público en materia del Desarrollo Sostenible.
De esta manera, a 27 años de su creación y con dos años continuos de una opinión de auditoría favorable y sin salvedades al Balance General de la Nación por parte de la Contraloría General de la República, desde la CGN le expresamos a la ciudadanía nuestro compromiso para alcanzar el objetivo que sintetiza nuestro lema institucional: ¡Cuentas Claras, Estado Transparente!
MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS
Contador General de la Nación.
