Redacción BL
La Defensoría del Pueblo de Colombia aseguró este martes que, pese a que a la paz se le asignaron 50 billones de pesos (unos 12.741 millones de dólares) para consolidarla, no hay avances significativos y advirtió que «no habrá paz y menos total si en los territorios no es garantizado el proceso de retorno».
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«A la paz le asignaron recursos importantes para garantizarle su consolidación en el país, pero no hay mayores avances. Nos preocupa la forma como los están destinando», dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo, al presentar en Bogotá el ‘V Informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’, firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la desmovilizada FARC.
Camargo aseguró que la paz total «lamentablemente está ralentizando el cumplimiento del Acuerdo Final porque, mientras la ejecución dependa de acuerdos con los grupos armados ilegales, no habrá reforma rural, los desplazados verán como una utopía el retorno a sus territorios; además, habrá un retraso con el cumplimiento a cabalidad de la política de restitución de tierras».
Destacó que para que la paz avance es necesario que el Estado garantice el retorno de los desplazados y despojados de tierras a sus lugares de origen.
«Contribuirá en gran medida el hecho de que las víctimas de desplazamientos forzados, colectivos o individuales, y de despojos puedan volver a sus lugares de siempre con las correspondientes garantías que les debe otorgar el Estado», aseguró.
Para el defensor del pueblo el acceso a la tierra y su formalización, punto focal del acuerdo de paz, no podrá ser implementados mientras los grupos armados ilegales sigan incitando las ocupaciones ilegales o promoviendo actividades que sirven como fuentes de economías ilícitas.
«Hoy no tenemos certezas sobre avances en términos cuantitativos del acceso a la tierra. Dicho de otra forma, es un punto primordial del Acuerdo sobre el que no hay claridad en lo que a cifras se refiere», expresó.
(Vea: Reacciones al proyecto de decreto que permitiría cambios en las vigencias futuras).
Igualmente dijo que tampoco hay claridad sobre la forma de ingreso de los bienes al Fondo de Tierras. Aunque se alude una cifra que supera los dos millones de hectáreas, el dato de la tierra adjudicada da cuenta de la mitad de ese número, entregado por la vía de nuevas adjudicaciones.
«En lo que se refiere a la formalización de la tierra, es aducido un monto que supera los cuatro millones de hectáreas de los siete millones que constituyen la meta; sin embargo, las cifras no son confiables. Es advertida lo que sería una doble contabilización. La falta de claridad en los números ha sido admitida por el propio Gobierno Nacional», manifestó el funcionario.
Por otro lado, Camargo dijo que en lo referente al enfoque transversal de género, las mujeres siguen enfrentando barreras en el goce pleno de sus derechos a condiciones de vida dignas, la tierra y la participación.
«Hay un avance precario en materia de adjudicaciones de predios provenientes del Fondo de Tierras a favor de las mujeres rurales», concluyó.
Camargo reconoció en su informe el esfuerzo del Gobierno en la implementación de la Jurisdicción Agraria, con al Acto Legislativo 03 de 2023.
Hoy hacen curso en el Congreso el proyecto de ley estatutaria, sobre su integración y estructura, y el proyecto de ley ordinaria, relacionado con su funcionamiento y competencias.
«A siete años de la implementación del Acuerdo Final de Paz, menos del 50 % de las iniciativas del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial ha iniciado procesos de gestión, razón por la que es fundamental la puesta en marcha de un órgano de articulación, sobre todo porque a la paz le fueron asignados recursos por 50 billones de pesos (unos 12.741 millones de dólares de hoy), lo que amerita garantizar su verdadera consolidación», puntualizó el defensor del pueblo.
(Vea: Reforma pensional: nueva ponencia mantiene la presión sobre el pasivo).
EFE
