La Procuraduría General de la Nación ha tomado una medida drástica contra la exsecretaria de Educación de Buenaventura, Valle del Cauca, Yenny María Angulo Quintana, destituyéndola e inhabilitándola por 10 años. Esta decisión se basa en su participación en la contratación con el Centro Docente Ana Victoria, que ofreció 2000 cupos de educación sin tener la capacidad real para brindar el servicio.
Durante su periodo de gestión entre 2013 y 2015, Angulo Quintana dio el visto bueno para el contrato de $2.552’400.000 con el Centro Docente Ana Victoria, a pesar de que esta institución no cumplía con los requisitos necesarios para abarcar la cantidad de cupos ofertados. La investigación reveló que el centro tuvo que subcontratar servicios con otras instituciones educativas para cumplir con la cobertura, ya que carecía de la capacidad adecuada por sí solo.
Además, se descubrió que las instituciones subcontratadas no estaban debidamente registradas, y que el contratista no era idóneo, mostrando deficiencias tanto académicas como administrativas, así como una infraestructura física inadecuada. Las metodologías de enseñanza del centro tampoco arrojaron resultados satisfactorios en las pruebas Saber.
Este accionar, según el Ministerio Público, refleja una falta grave por parte de la exfuncionaria, ya que no priorizó el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y desconoció los principios de responsabilidad y selección objetiva en la contratación estatal.
El fallo de primera instancia, que calificó la falta como gravísima, quedó en firme al no interponerse recurso de apelación por parte de los sujetos procesales, confirmando la decisión de destituir e inhabilitar a Angulo Quintana por 10 años. Esta medida busca enviar un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la legalidad en la gestión pública, especialmente en el ámbito educativo donde se juega el futuro de las nuevas generaciones.
