Jueces de control de garantías acogieron las peticiones de fiscales de la Seccional San Andrés Isla que, en procesos distintos, solicitaron medidas de aseguramiento privativas de la libertad en contra de tres personas presuntamente responsables de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, que no aceptaron.
El primer caso involucró a Ramón Pineda González por los hechos registrados el 27 de julio del año en curso, en el barrio El Cocal, donde, al parecer, con arma de fuego disparó en reiteradas ocasiones contra un adolescente de 17 años, causándole la muerte.
De acuerdo con la investigación, el ataque se produjo presuntamente como retaliación a un atentado que habría sufrido Pineda González el 4 de junio último de donde salió ileso. El procesado fue capturado por la Policía Nacional, el pasado 8 de agosto en el barrio Santana.
La segunda decisión judicial afectó a Javier Andrés Alcázar Puello, de 19 años y a Hederson Rafael Rhenals González de 22, quienes el 7 de agosto con arma de fuego le habrían causado la muerte a un joven de 17 años que se encontraba departiendo en un establecimiento comercial del centro del archipiélago.
Posterior al asesinato huyeron del lugar en una motocicleta, pero fueron alcanzados por la Policía Nacional en el sector de Cañón de Morgan, donde le incautó un revólver calibre 38 m.m. con el que presuntamente cometieron el asesinato, sin permiso de salvoconducto.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultado.
MEVA/MG/TAM/DSSPS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
