Los habitantes de Murcia, una región ubicada al sudeste de la península ibérica de España, no salen de su asombro cuando ayer vieron con sus propios ojos cómo recogían del piso el cuerpo de Doris Valenzuela, una colombiana de 39 años que tuvo que salir del país hace más de un año por haber denunciado las casas de pique en su tierra natal: Buenaventura.
Lo paradójico de esta situación es que huyó buscando protección para ella y su familia ante las retaliaciones de grupos armados, pero encontró la muerte en España a manos de su esposo, quien sería el responsable.
Corría el 18 de febrero de 2014 cuando escuchó los gritos de varias personas en una casa que estaba ubicada al frente de la suya. Sin conocer la identidad de las personas, el hecho lo puso en conocimiento de las autoridades y, desde ese momento, las sombras a las amenazas contra su vida empezaron a ser una constante.
Nunca supo cómo una banda criminal tenía su número celular para amenazarla de muerte. Situación que la obligó a mudarse a Jamundí, un municipio a 20 minutos de Cali, para intentar sobrevivir.
El 19 de julio de 2015 Cristian, uno de sus hijos, lo sacaron de una tienda y lo llevaron a una casa de pique. “Como pudo él se escabulló de sus captores, pero lamentablemente ya había recibido puñaladas que le perforaron un pulmón y cinco tiros en diferentes partes del cuerpo. Aún no me explico con qué fuerza se escapó”, dijo la líder social a este diario cuando aún permanecía en el país. A pensar que su hijo de 17 años alcanzó a ser asistido, murió en el hospital Luis Ablanque de la Plata, en Buenaventura.
“No podía articular una sola palabra. Solo me apretó la mano muy fuerte y se marchó”, agregó Doris Valenzuela.
Se fue del país como medio de escape por su situación. Permaneció un año en La Palma (Canarias) y, desde allí, pidió ayuda internacional. Logró encontrar una vivienda en Murcia a donde llegó a principios de febrero. Su familia, según medios españoles, estaba conformada por su pareja, de 47 años, y sus tres hijos: dos mujeres de 20 y 18 años, y un menor de edad de 15 años. Una bebé, nieto de Valenzuela, también estaba con ellos. Todos tenían asilo de protección internacional.
La victima manifestó su deseo de divorciarse, lo que provocó que su esposo fuera trasladado a principios de marzo a la ciudad de Gerona, en otro lugar que le brindó la protección internacional.
El hombre, quien todavía no se conoce su identidad, abandonó esa ciudad, por lo que se activaron los sistemas de búsqueda. “Él no manifestó que venía a Murcia, sino que iba a otro lugar, a Barcelona, y apareció inesperadamente en Murcia”, dijo Miguel Navarrete, coordinador autonómico de Programa de Refugiados de Cruz Roja, al portal La Verdad. El funcionario también manifestó que el programa de la Cruz Roja no visualizó malos tratos entre las dos partes. Actualmente, los menores de edad están siendo asistidos por personal especializado por esta situación.
Entre tanto, en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, se convocó un minuto de silencio al medio día por este crimen que enluta a Colombia y España.
Fuente: El Espectador.
