Actualidad, Se complica la restitución de tierras en Colombia
Un concejal y un periodista resultaron muertos por miembros de grupos armados. Según autoridades, hay una estrategia para disuadir a las personas que reclamen terrenos
La indemnización a víctimas del conflicto interno de Colombia y la restitución de tierras a campesinos, aprobadas recientemente por el Gobierno, podrían complicarse por los asesinatos de un concejal y un periodista en el norte del país, dijo a Reuters un ministro.
La policía colombiana informó el viernes sobre el asesinato del concejal del izquierdista Polo Democrático Alternativo y de un periodista que testificó en una investigación por vínculos de políticos con paramilitares de ultraderecha.
Los crímenes dejaron en evidencia el riesgo que enfrenta el proceso para devolver las tierras a los campesinos despojados por paramilitares de ultraderecha y el poder que aún tienen esos grupos ilegales armados para obstaculizar investigaciones, según grupos de derechos humanos.
El concejal Antonio Mendoza Morales fue asesinado a balazos por un pistolero en el municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre, en el norte de Colombia. Mientras, el periodista Luis Eduardo Gómez, murió el jueves en la noche a manos de pistoleros en el municipio de Arboletes, en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país.
Gómez, de 70 años, había declarado recientemente en una investigación que realiza la justicia de Colombia por vínculos de políticos de la zona con antiguos paramilitares. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos sancionó en junio una ley para indemnizar a las víctimas del conflicto interno y restituir sus tierras.
Analistas y grupos de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de que la norma desate una ola de violencia contra líderes campesinos fomentada por testaferros de antiguos paramilitares y grupos armados ilegales que ocuparon extensos territorios donde actualmente crecen cultivos de palma africana y de maderas.
"El proceso de restitución de tierras, la gran amenaza que tiene es la seguridad de los campesinos que van a recuperar sus tierras, no desconocemos que hay una clara estrategia para atentar contra estas personas y disuadirlas de que reclamen las tierras que fueron suyas", dijo el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
"El mayor desafío en la aplicación de la ley de víctimas y tierras es la seguridad de las personas", admitió. En los últimos dos años, al menos 14 líderes campesinos desplazados que buscan la devolución de tierras han sido asesinados en Colombia, que sufre un conflicto interno desde hace más de 45 años que, aunque reducido en intensidad, sigue cobrando la vida de cientos de personas.
Se estima que con la ley se restituirán unos 6 millones de hectáreas, de las cuales 4 millones fueron abandonadas por amenazas y 2 millones más objeto de despojo directo, la mayoría por escuadrones paramilitares.
De acuerdo con analistas y políticos, la ley deja sin argumentos a la guerrilla izquierdista que históricamente ha reclamado por una reforma agraria que incluya la devolución de tierras a campesinos e indígenas desplazados por la confrontación y la indemnización de las víctimas.
