Se aprovecharían de la confianza que ella depositó en ellos, dándoles hospedaje en su casa, para atacarla con el fin de robarle 400 mil pesos que habría recogido para pagar una promesa.
Gracias a un trabajo coordinado entre personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, el Ejército Nacional e integrantes de policía de vigilancia, en zona rural de Maripí (Boyacá) se logró la captura de Víctor Alfonso y Asdrúbal Eduardo Pineda Cárdenas por el delito de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.
Los hermanos de 19 y 21 años respectivamente, están siendo investigados por hechos ocurridos el 6 de junio del año en curso en la vereda El Tigre, zona rural de Purificación (Tolima), donde fue asesinada Elvira Quimbayo Cabezas.
La víctima de 66 años de edad fue atacada con arma blanca; según lo conocido de manera preliminar por la Fiscalía, con el objetivo de hurtarle varios elementos de valor y dinero en efectivo que tenía en su vivienda producto de limosnas que había recogido con el fin, de pagar una promesa.
Los jóvenes se encontraban en su casa, donde amablemente ella los hospedó, procedentes de Boyacá, y aprovechándose de esa confianza, habrían ocurrido los hechos.
Labores investigativas permitieron establecer la presunta culpabilidad de los hermanos quienes una vez cometido el crimen, escaparon del municipio tolimense, lográndose ubicar gracias a interceptaciones en el municipio boyacense.
Durante las audiencias de rigor no aceptaron los cargos enrostrados por el delegado fiscal y fueron enviados a la cárcel como medida de aseguramiento preventiva.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/FAGH/CP/AMBV/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
