El flagelo de la corrupción y los fraudes no es un asunto de poca monta en el ámbito empresarial y corporativo, sino que cada año genera graves afectaciones económicas y de reputación en organizaciones de todos los tamaños en América Latina.
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Así lo muestra un estudio denominado ‘Mapa del fraude corporativo en América Latina 2018/2019’, que, con base en una encuesta realizada a 1.554 personas de 18 países de la región, incluyendo a Colombia, mostró que esta situación le generó, en promedio, pérdidas anuales por 1,5 millones de dólares a cada empresa.
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Pero una de las cosas más preocupantes es que casi siete de cada 10 encuestados (el 69 por ciento) ignoran el impacto del fraude corporativo en las organizaciones para las que trabajan, mientras que un 31 por ciento de las empresas encuestadas por la firma consultora manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de fraude durante el 2018.
Adicionalmente, según el estudio, en promedio fueron 13 los casos de fraude que fueron detectados dentro de las organizaciones, mientras que la mitad de estas (51 por ciento) afirmaron estar preparadas solo parcialmente para prevenir, detectar y responder a este flagelo.
El estudio, que muestra una radiografía de este fenómeno, señala que el 45 por ciento de los desfalcos detectados el año pasado en las firmas que respondieron el sondeo correspondió a la apropiación indebida de recursos; el 52 por ciento, a casos de corrupción, y un 3 por ciento se llevó a cabo a través de trampas en los estados financieros de las organizaciones.
Además, otro de los datos reveladores del documento tiene que ver con el impacto individual en las empresas debido a que el 39 por ciento de los casos de fraude involucraron pérdidas superiores a 50.000 dólares, es decir, unos 170 millones de pesos y, en el total, el 5 por ciento costó más de 500.000 dólares, algo más de 1.700 millones de pesos.
Asimismo, el 60 por ciento de los esquemas de fraude identificados tienen una duración máxima de un año, el 40 por ciento correspondió a esquemas de desarrollo a largo plazo, y las pérdidas, además de impactar las empresas, se trasladan a inversionistas, proveedores y el sector financiero, entre otros.
Y, aunque el estudio muestra los resultados consolidados de esos 18 países, en Colombia, estos se comparan con el promedio de la región, teniendo en cuenta que es de los primeros países con normas que exigen acciones en prevención de fraudes frente a otras naciones que aún no los tienen, aunque las normas existentes no son obligatorias para todos los sectores.
‘PILLOS PREPARADOS’
Según la firma BDO, autora del estudio, en América Latina se identifican tres tipos defraudadores, y los más significativos incluyen personas de 31 a 40 años de edad con entre 2 y 5 años de antigüedad en la organización, que tienen un título universitario y son en su mayoría hombres.
“Existe una fuerte correlación entre el nivel jerárquico del defraudador y la magnitud del fraude cometido, así como también con la duración de este”, recalca el estudio. En este sentido, otro dato revelador es que el 53 por ciento de los perpetradores en las empresas tienen educación universitaria, mientras que el 12 por ciento de ellos cuentan con estudios de posgrado.
Luis Enrique Sánchez, socio de Consultoría de la firma BDO en Colombia, llama la atención porque, además del impacto económico, la mayor repercusión es de reputación y el daño social que se genera cuando la situación es identificada y luego no tiene repercusiones para los perpetradores.
“El ambiente de control de las empresas generalmente viene definido por exigencias normativas, y no todos los sectores tienen normas para todo tipo de empresas”, señala.
Y agrega que las empresas tienen poca certeza para considerar que han evaluado sus procesos y no han encontrado elementos en los que pudieran estar enfrentados a situaciones de fraude.
Al mirar los cargos de donde proviene el fraude corporativo, en el 34 por ciento de los casos se trata de empleados, seguido por el gerente, con el 18 por ciento, y el 16 por ciento correspondió a supervisores.
Y debido a estas situaciones, según Sánchez, en Colombia cada vez son más las empresas que prefieren realizar verificaciones, en gran medida porque han tenido experiencias que se convierten en lecciones aprendidas y por ello prefieren invertir en una mejor selección del personal que en ahorrar u omitir acciones en tal sentido.
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