El pulso en el sector de la salud no descansa después de que diferentes actores pidieran al Gobierno proteger el derecho fundamental de los colombianos con una estimación justa de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), para el próximo año.
Desde la Andi y las Cámaras de la Salud que agremian a los aseguradores, los prestadores y los proveedores de tecnologías se hizo un llamado para contar con los mecanismos “que permitan cubrir de forma oportuna la totalidad de los servicios, medicamentos, pagos a personal de la salud, suministro de dispositivos, y en general todos los costos que se deben adelantar para esta inmensa responsabilidad”.
De acuerdo con los actores, hasta el momento la crisis financiera en el sector de la salud continúa, mientras que la incertidumbre se aviva, pues desde el 2021 los recursos girados para la UPC han sido insuficientes, pues los gastos en salud han superado los presupuestos establecidos.
Así mismo, reiteran que el sistema tiene una deuda acumulada que “solo en los últimos 3 años se estima alrededor de los $5 billones por concepto de insuficiencia de UPC”.
(Vea: Lo que se tendría que considerar para fijar el ajuste de la UPC del 2024).
La Andi asegura que el costo en salud ha aumentado por la mayor demanda de servicios post covid, así como el envejecimiento de la población, la ampliación en 2022 del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y los cambios en variables macroeconómicas.
Dicho esto, las entidades destacan que es necesario que para la estimación del otro año de la UPC se tengan en cuenta los análisis profundos de la siniestralidad, las frecuencias, el perfil epidemiológico, la inflación, las inclusiones al PBS, entre otras.
Por esto, aseguran que con base en los estudios y los principios ese ajuste se ha calculado en al menos el 16% para asegurar la continuidad de la prestación de los servicios en salud.
En la misma línea, Carmen Eugenia Dávila, la directora de Gestarsalud, gremio que reúne a las EPS del régimen subsidiado, alertó que a 11 días de que se acabe el año, el Ministerio de Salud no ha solicitado la información pertinente para el cálculo de la UPC, así como tampoco ha dado a conocer cuánto será el incremento para el próximo año.
(Vea: Gremio de EPS pide revisar cálculo de lo que debe pagar el Estado por paciente en 2024).
“Esta es la decisión que más impacta en la sostenibilidad del Sistema. De no publicarse, antes del 31 de diciembre la resolución que establece dicho aumento se ajustaría automáticamente de acuerdo a la inflación causada, lo que traería graves consecuencias financieras para el sector, porque no se estarían considerando otros aspectos como el incremento de frecuencias de uso”, dijo.
Añadió que es necesaria la unificación de la prima pura de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado, ya que aún existe una brecha que entre 2022 y 2023 se ha ampliado llegando al 11%, “es decir que por cada afiliado al régimen subsidiado el Estado dejó de pagar un promedio de $128.637 destinados a cubrir las necesidades en salud”.
De igual manera, desde Acemi, gremio de las EPS de contributivo, aseguraron que una prima insuficiente genera pérdidas técnicas para las EPS.
“En la actualidad el patrimonio agregado de las EPS es de $2,7 billones y las pérdidas acumuladas alcanzan los $5,6 billones.Esto a pesar de esfuerzos de capitalización por $1,5 billones que han hecho los accionistas de las compañías durante los últimos 5 años”, agregan.
(Vea: Sin salidas en mesas técnicas, se complica liquidez de EPS).
Los otros retos financieros para la salud
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Otro de los puntos negativos en esta situación es el giro anticipado de los presupuestos máximos de octubre y noviembre, que no se llevó a cabo, pero además la insuficiencia general de los recursos para el sistema.
En ese sentido, desde la Andi afirman que la información financiera que publica la Superintendencia Nacional de Salud muestra a septiembre de 2023 una pérdida acumulada en el sector de aseguramiento superior a los $1,2 billones, además de un deterioro patrimonial cercano a los $4 billones.
Destacan que también se evidencia un deterioro de los indicadores de liquidez de los prestadores y proveedores. Por esta razón, desde Acemi también se hizo un llamado a revisar las reservas técnicas ya que un informe de la SNS da cuenta de una diferencia de $12 billones, entre la reserva contabilizada por las EPS y el portafolio de inversiones que la respalda.
(Vea: Gobierno dice que les dará $10 billones a EPS para su funcionamiento).
DIANA K. RODRÍGUEZ T.
Periodista Portafolio
