El abandono en que anda el puerto colombiano sobre el Pacífico no sólo es vergonzoso, sino que ocurre a la vista de todos. De las autoridades nacionales, que no han podido diseñar estrategias efectivas para combatir la criminalidad en la zona. De los alcaldes locales, que han terminado presos por corrupción. Y de los lugareños, que no pierden la esperanza de vivir en la tierra de la dicha y la suerte que su nombre pregona. En un puerto de buena ventura.
Pero Buenaventura tiene males como narcotráfico, corrupción, bandas criminales y guerrilla, para sólo citar unos. De hecho, fue allí donde tuvieron lugar las “casas de pique”, que es como el país reconoce la práctica del descuartizamiento de personas por orden de las bandas criminales.
En el caso de Buenaventura sobreviven dos bandas principales: La Empresa y el Clan Úsuga. Son consecuencia de la guerra que hace 10 años libraron en el Valle los narcos de los Rastrojos y los Urabeños. Como las rutas para sacar drogas se mantienen y la actividad comercial en el puerto es atractiva para los extorsionistas, los capos de ayer ya no están, pero la violencia se recicló.
En los 90 llegaron las Farc y con el pretexto de combatirlas aparecieron los paramilitares del bloque Calima, auspiciados por empresarios locales que se cansaron del boleteo guerrillero. El remedio resultó peor que la enfermedad y los ‘paras’ cometieron 26 masacres en su entrada a la zona, pues alias H.H. ordenó matar 1.000 personas. No interesaba cómo ni a quiénes, lo importante era la cifra, como lo revela el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, realizado por la investigadora Constanza Millán.
Después de 2004, cuando se desmovilizó el bloque Calima, la Empresa y los Úsuga reclutaron parte de su gente, en una demostración de que el verdadero desafío de desmovilizar un grupo armado es brindar las garantías para que no vuelva a las armas.
Paralelo a ese entorno de violencia, la corrupción se tomó la política local. José Félix Ocoró, alcalde entre 1995 y 1997, estuvo cuatro meses preso e investigado por suscripción de nóminas paralelas. Lo sucedió Fredy Salas (1998- 2000), asesinado al terminar periodo. Jaime Mosquera (2001-2003), exiliado.
Y la lista sigue. El 6 de diciembre de 2004, sólo 12 días antes de la desmovilización del Calima, de la que apenas tomaron parte 564 de los más de 900 hombres que tenía esa estructura ilegal, el alcalde Saulo Quiñones firmó 190 contratos para adecuación y mejoras de colegios con un detrimento superior a $700 millones. Terminó con casa por cárcel.
Fue sucedido por José Félix Ocoró (sí, el mismo de las nóminas paralelas), quien esta vez no alcanzó a terminar periodo y fue capturado por el CTI. La razón: vendió un lote del municipio en 3.600 millones, recibiendo a cambio otros lotes y obras por valores superiores a los que en realidad tenían. Fue condenado hace dos meses a 18 años de prisión.
El último alcalde elegido por los bonaverenses fue Bartolo Valencia, quien en septiembre pasado también fue enviado a prisión por contratos adjudicados a financiadores de la campaña que lo llevó al poder. Entregó $919 millones para alumnos ficticios.
La mala educación de los mandatarios está perpetuando las deficiencias en la formación de los habitantes, de los cuales menos del 40% completó la primaria.
Con semejantes antecedentes, ¿quién se le mide a ser alcalde?
El Espectador reunió a los siete candidatos a la Alcaldía para contrastar sus programas de gobierno. El resultado de ese encuentro, cuyo video está en este enlace, produce desazón y esperanza: todos prometen que el municipio por fin tendrá agua. Algunos garantizan suministro durante 10 horas diarias. Otros hablan de seguir el plan maestro, que vale $117.000 millones (de los cuales hay $31.000 millones contratados) y para resolver la falta de líquido dentro de 30 años. También hablan de hacer colegios, de esos que tienen techo y paredes y dicen que no serán como los derruidos casalotes en los que muchos niños del pueblo se forman. Y que tampoco serán para alumnos fantasmas, como los de Valencia.
Pero nada de eso será posible si los violentos imponen su voluntad en las urnas o si los habitantes, la tercera parte de los cuales vive en la línea de pobreza, sucumben ante los ofrecimientos de hasta $100.000 por voto que se hacen en esta época electoral. Aunque los siete candidatos dijeron a El Espectador que han sido austeros en gastos, varios señalaron en voz baja que algunos de sus contradictores tienen gastos cercanos a $10 mil millones.
Héctor Copete, del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Aico, compite por cuarta vez por la Alcaldía. En 2003 se retiró por amenazas, en 2007 sufrió dos atentados y ahora es uno de los cuatro candidatos que hace campaña con escolta especial.
Elvia Lucy Abonce, del Centro Democrático, también denunció amenazas e invitó a la gente a no dejarse presionar: “La única forma de que Buenaventura salga de sus problemas es que el alcalde no sea elegido con apoyo de las bandas criminales”. Édinson Mosquera, de la Alianza Social Independiente, también pidió “demostrarles a los jóvenes que hay oportunidades mejores a las que ofrece la delincuencia” y Jaime Oswaldo Marinez (de la Alianza Verde) se mostró como el candidato capaz de recuperar la autoridad.
Eliécer Arboleda, del Partido de la U, promete agua y educación; Bernabé Mosquera, del Partido Liberal, quiere recuperar colegios (tal vez los que los exmandatarios facturaron pero no arreglaron); y Gustavo Ruiz, del Mais, dijo que hay campañas con apoyos de sectores no muy claros, situación que Copete entendió como una alusión personal y negó.
Más que encuestas sobre favorabilidad de los candidatos, en Buenaventura hay sondeos con distintas metodologías, algunos demasiado informales. Todos ganan. Eso sí, ningún candidato llega al 30% de opción favorable.
En esas condiciones el puerto decidirá si quiere por fin una buena ventura. Esa en la cual confían los líderes de un fuerte entramado de colectivos sociales que trabajan para sacar adelante a su terruño, algunos con apoyo internacional. Esa que prometió el Gobierno Nacional, según el cual durante este cuatrienio se invertirán $27 billones para el desarrollo de los cuatro departamentos del Pacífico y que contemplan mejores carreteras, tren y desarrollo portuario. Buena ventura.
Fuente: El Espectador
