La falta de recursos ya no podrá ser la excusa para que las distintas regiones y los municipios del país no lleven a cabo esas obras prioritarias de gran impacto social que las saquen del atraso en que se encuentran, pues tendrán disponibles para tal fin más de 15,7 billones de pesos provenientes de regalías, los cuales podrán ejecutar en el bienio 2021-2022.
El camino en ese frente, sobre el cual el Gobierno tiene grandes expectativas bajo las actuales circunstancias económicas del país como consecuencia de la pandemia de covid-19, quedó despejado esta misma semana con la ley que reglamenta la reforma del Sistema General de Regalías aprobada por el Congreso de la República, la cual facilitará la ejecución de los recursos producto de la explotación de recursos minerales e hidrocarburos, al reducir, por ejemplo, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) a solo ocho.
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Como se recuerda, estos órganos son los encargados de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar los programas y proyectos que se financian con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). De un tajo, dicha ley eliminó 1.152 de estos organismos, mientras que el 70 por ciento de los recursos se asignarán sin que tengan que pasar por estos, con lo cual se espera que se dinamice la ejecución de esas asignaciones y con ellas se impulse la inversión en las regiones.
La nueva norma también hace una mejor asignación de la inversión de dichos recursos, según las necesidades de los municipios, reasignando porcentajes específicos a sectores claves, pero a su vez, cuidando que esas partidas se destinen a obras de alto impacto social con una adecuada planeación y el uso eficiente de la capacidad institucional, entre otros parámetros establecidos en la norma.
Los 15,7 billones de pesos de que dispondrán ahora las regiones serían suficientes para construir 150 megacolegios, llevarles energía a 100.000 familias, pavimentar 9.700 kilómetros de vías de un carril, construir 300 centros de salud de primer nivel y edificar 5.000 viviendas de interés social (VIS).
Eso es lo que, precisamente, busca el Ejecutivo, que se haga una adecuada y eficiente inversión de las regalías para apoyar su reactivación, tras el golpe recibido por la pandemia, entre otros factores.
Con esta reforma, los municipios y departamentos contarán con una cifra histórica de regalías para inversión social, dijo Diego Mesa, ministro de Minas y Energía. Y advirtió que esos recursos deben ser “destinados a obras para el cierre de brechas y la reactivación sostenible en las regiones”.
Mayor inversión en obras de infraestructura que genere empleo de bajo costo es algo que vienen sugiriendo los mandatarios regionales para combatir no solo el alto desempleo, sino también para darle impuso a la reactivación económica de sus municipios y del país.
Así lo manifestaron varios alcaldes de las principales ciudades, quienes participaron en un reciente foro organizado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), con el apoyo de la Universidad del Rosario y EL TIEMPO, en el que coincidieron en que hay que priorizar la generación de empleo y uno de los caminos es vía inversión pública.
El número de colombianos desempleados superó los 4,1 millones a julio pasado, con lo cual la tasa se situó en niveles históricamente altos del 20,2 por ciento, según el más reciente reporte del Dane.
Esta misma entidad reveló que la economía del país se contrajo un 15,7 por ciento en el primer semestre del año, la más fuerte caída del PIB que haya registrado el país.
Más recursos, más inversión
Bajo esas circunstancias, uno de los propósitos del Gobierno es que las regiones cuenten con más recursos para apurar sus obras de infraestructura social, y ahí es donde juegan un papel fundamental las regalías.
En efecto, la reforma de las regalías es la posibilidad que tienen ahora las regiones más productoras, de minerales e hidrocarburos, y las de mayores necesidades de contar con recursos adicionales para ejecutar esas inversiones prioritarias.
Y mientras a las primeras las asignaciones directas se les duplican, pasan de 11 al 25 por ciento, con lo que recibirán unos 4 billones de pesos para el próximo bienio, en las segundas esos recursos se incrementan del 10,7 al 15 por ciento, y obtendrán cerca de 2 billones.
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“Se destinarán más recursos para inversión y autonomía de las regiones, las regalías provenientes de la producción de minerales e hidrocarburos impulsarán la reactivación con equidad en los territorios”, dijo el presidente Iván Duque, al anunciar que pronto sancionará el proyecto aprobado por el Legislativo.
Así las cosas, Meta, Casanare y Cesar contarán ahora con muchos más recursos que les permitan ejecutar nuevos proyectos o concluir aquellos que aún están en fase de desarrollo.
El primero de estos departamentos pasa de recibir más de 650.000 millones de pesos en el bienio 2019-2020 a más de 1 billón para el bienio 2021-2022; el segundo, de 300.000 millones a más de 670.000 millones, y el tercero, de 230.000 a más de 475.000 millones de pesos para ese mismo periodo.
Para inversión regional habrá, en los próximos dos años, más de 5,2 billones de pesos y unos 4,7 billones adicionales de saldos no comprometidos de vigencias anteriores, explicó el Gobierno.
Se sabe que las regiones y los municipios tienen grandes necesidades de infraestructura social, por eso se busca que haya prioridad para atender, con esos recursos, inversiones en vías terciarias, electrificación rural, conectividad, agua potable y saneamiento básico, así como apoyo al
Los otros frentes clave
Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), destacó que en esta oportunidad habrá recursos para atender tres frentes indispensables e importantes para las regiones y el país en general: protección del medioambiente, la paz y la inversión en ciencia y tecnología.
Dijo que por primera vez se destinan partidas de regalías para esos frentes, al tiempo que “implementamos mejoras para ejercer la vigilancia de los recursos de manera más coordinada entre el DNP y los entes de control”.
Así las cosas, 5 por ciento de esos recursos irán a financiar proyectos relacionados con la conservación de áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación.
Una parte no inferior al 5 por ciento se debe asignar a infraestructura educativa o a proyectos para mejorar la cobertura, permanencia y calidad de la educación superior pública. Los recursos se elevan a 10 por ciento, mientras que para la paz habrá que destinar un 7 por ciento.
Además, explicó el funcionario, por primera vez serán beneficiarios directos los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el pueblo rom o gitano, de un porcentaje de la asignación para la inversión local.
Al agradecerle al Congreso la aprobación de esta iniciativa del Gobierno, el presidente Duque dijo: “Firmaremos orgullosamente esa ley que transferirá más recursos a las regiones más vulnerables de Colombia, que duplicará las regalías directas en el territorio” y, además, marca un hito porque por primera vez el país tendrá recursos permanentes para inversión en política y gestión ambiental.
Lupa a manejo eficiente de las asignaciones
Para evitar que los recursos de las regalías se despilfarren, se dirijan a actividades no contempladas en la ley o terminen en los llamados elefantes blancos, el Gobierno advirtió que se realizarán mediciones de desempeño de los recursos.
En ese sentido, activarán mecanismos de seguimiento, acompañamiento y protección de los recursos para los municipios y departamentos que se ubiquen en rangos críticos de gestión.
Distintos entes de control del Estado, como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, trabajarán de la mano con Planeación en ese propósito.
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