Redacción BL
La Corte Constitucional convocó este viernes a una audiencia pública, para analizar la prohibición de deducibilidad de las regalías sobre el impuesto de renta, uno de los cambios más polémicos que introdujo la Ley 2277 de 2022, la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro, aprobada el año pasado.
El magistrado Jorge Enrique Ibañez destacó como, “contra esta disposición, fueron presentadas inicialmente tres demandas de inconstitucionalidad, y han sido presentadas, adicionalmente, otras demandas que a su turno serán objeto de atención”.
Entre los puntos expuestos en estas demandas está, entre algunos temas, un trato desigual entre los contribuyentes, así como otros reclamos.
(Lea también: Regalías, el punto con más demandas de la reforma tributaria.)
El representante a la Cámara Carlos Eduardo Osorio, uno de los demandantes, manifestó que en su demanda advirtió “las profundas inequidades y deficiencias jurídicas de la medida demanda”, y aseguró que “la norma acusada trasgrede el principio de equidad tributaria de la Constitución Política, en cuanto aumenta artificialmente la base gravable del impuesto de renta, al no permitir la deducción de las regalías”.
Según el congresista, las regalías constituyen un gasto asociado a la actividad productiva y no generan incremento o robustecimiento del patrimonio.
(Lea también: Procuraduría pide tumbar artículo clave de regalías de la tributaria.)
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, participó de la audiencia, y defendió las medidas aprobadas en la reforma tributaria del año pasado en relación con este punto.
“Es absolutamente claro que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Las regalías son además recursos del estado, y constituyen una contraprestación económica, de rango constitucional, a cargo de quienes toman un recurso natural no renovable”, aseguró Bonilla.
El ministro enfatizó en que el impuesto de renta es uno de los principales ingresos del Estado, con el que se financia buena parte del Presupuesto General de la Nación, y que el Gobierno no puede aprobar por cuenta propia ninguna norma tributaria, sino que es un ejercicio que se hace desde el Congreso.
“Si se permitiera y se aceptara la deducibilidad, lo que estamos es, además de aceptar estar entregando parte de la propiedad del Estado y estamos limitando la organización del presupuesto general, lo que tiene implicaciones de que dejaríamos de financiar sectores como el presupuesto de Ambiente, el de Deporte y Recreación o el de Cultura, si el total de la reducción de regalías fuera de $3.800 millones”, aseguró Bonilla.
Entre los participantes también estuvo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien defendió que la reforma está, por el contrario a lo que dicen los demandantes, generando “una condición de justicia que no existía antes”, toda vez que las regalías responden a una compensación directamente por las externalidades sociales y ambientales que se generan en los territorios extractivos, y como un reconocimiento de una compensación de recursos que son propiedad de la Nación.
“Reconocemos que en los artículos 332 y 360 de la Constitución Política claramente se establece que las regalías son una contraprestación económica que debe ser retribuida sin prejuicio de otro derecho o compensación. Partiendo de esa premisa, lo que vemos es que el sistema general de regalías corresponde a un reino que es distinto a otras tributaciones”, dijo Vélez.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodista Portafolio
