El Gobierno ha sido muy vocal con respecto a su intención de marchitar la industria carbonífera del país y por ello se han tomado algunas decisiones encaminadas a ello. Al respecto, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, manifestó que la realidad del consumo y en vista de las demoras en la entrada de energías renovables van a forzar el replanteamiento de los escenarios de caída en el consumo del mineral.
¿Cómo analizan las políticas y los anuncios del gobierno sobre el carbón?
Estamos atentos a dos medidas que se han anunciado. Una sobre la modificación al Código de Minas, que se supone que va a quedar radicado este semestre, y la modificación al Sistema Nacional de Metal, que sería la ley 9993, sobre la cual solo conocemos anuncios.
La mayor preocupación que nos asiste con respecto a esas dos iniciativas es que vemos una mayor restricción para el desarrollo de la actividad. No estamos esperando que los problemas para el desarrollo minero del carbón vayan a ser superados, sino que, por el contrario, son normas que solo generarán mayores limitaciones.
¿Qué comentarios tienen sobre la Ley Minera desde lo que se conoce?
La mayor preocupación es dónde van a quedar los derechos adquiridos y la confianza legítima. Tenemos preguntas: ¿Va a haber un periodo de transición? ¿Cómo va a ser la creación de la empresa nacional minera, que se anuncia como la piedra angular? ¿Hasta dónde una empresa nacional como esta va a ser un regulador de las relaciones comerciales del sector minero? Ya en el pasado hubo empresas mineras y la última se liquidó en 2004, por la incapacidad de cumplir su objeto misional. ¿Qué nos indica que ahora una empresa estatal lo va a hacer diferente?
Además, preguntamos: ¿qué distorsión va a generar en el mercado frente a la actividad que hoy desarrollamos? ¿Va a ser fijador de precios o de volúmenes? Son dudas importantes que nos indican que el sector va a tener cada vez más restricciones, por lo que esta va a ser una discusión muy importante.
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¿Qué les preocupa sobre la modificación del sistema nacional ambiental?
Por lo que hemos escuchado queremos saber cuáles son las garantías en materia de los licenciamientos ambientales que hoy existen. Vemos indefiniciones desde el ordenamiento territorial que riñen con las figuras ambientales que hay. ¿Hasta dónde vamos a tener la confianza legítima de que un proceso que hoy está en curso bajo una legislación no se va a deformar de manera desfavorable para las empresas? Tenemos muchas inquietudes que están enfocadas en este tema.
¿Ya están sintiendo el impacto de la reforma tributaria en sus balances?
Hay un decreto sobre el cual poco se ha llamado la atención y que está afectando de forma gravosa las finanzas de las compañías y es sobre las autorretenciones del impuesto de renta, que pasaron de 1,6% a 4,5%. Eso está afectando demasiado el flujo de caja de las compañías. Hoy estamos pagando unos recursos que afectan la liquidez para hacer negocios, pero que, seguramente, por la caída de los precios, podría ser un anticipo de una renta que no va a ser, porque las empresas están entrando en terreno negativo.
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¿Cómo ha sido su diálogo con el Gobierno sobre estos comentarios?
Hemos visto una cantidad de instrumentos regulatorios que en este último semestre han estado en comentarios por breves periodos de tiempo y que, cuando hacemos comentarios, se desestiman por completo por las entidades. Esas observaciones quedan como ejercicio de participación, pero eso está quedando como un mero trámite, porque no son tenidas en cuenta.
Tenemos la preocupación de que, por las desatenciones históricas del territorio por el Estado, que se use el mecanismo de emergencia económica y social como costumbre y a partir de esto se generen una serie de cambios en la normatividad en la medida en que el Gobierno está viendo que las posibilidades de gobernabilidad frente al Congreso con las reformas que propone no están tan claras.
El Plan Energético no es muy optimista con respecto al carbón. ¿Cree que son realistas estas proyecciones?
Las restricciones a la generación eléctrica con carbón no es son nuevo de este gobierno.
En el Plan Energético Nacional del gobierno anterior también parecía que había desaparecido la palabra carbón, pero la realidad es que las proyecciones de jubilación de las térmicas a carbón se van a tener que ir extendiendo, sobre todo por la garantía de confiabilidad y la estabilidad en el suministro. Hoy estamos enfrentando un fenómeno de El Niño que se espera que sea extremo y el país consume más de cinco millones de toneladas en momentos así, pero eso no solo se ve en el momento más crítico. Desde mayo, la generación con carbón era 10% del total, unas 320.000 toneladas al mes, de un potencial de 450.000 toneladas que tienen las plantas.
Creo que la incapacidad del Estado para avanzar de manera eficiente en la consolidación de proyectos de energía renovable está haciendo que se tenga que revaluar lo que han llamado la “jubilación temprana de las térmicas a carbón”, porque hasta ahora no hay ningún plan real de jubilación temprana. Lo que está evaluando la industria es cómo se incorporan mecanismos para la captura y almacenamiento de carbono.
Veo que, por un lado, van los documentos de política pública y por otro va la realidad que se puede observar.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista de Portafolio
