Estrés, miedo, incertidumbre, taquicardias: los impactos en la salud de los desplazados por la violencia y el narco

Aquella noche del 2011, una caravana de vehículos, escoltados por autoridades de seguridad, fue llevada hasta la frontera de Chihuahua, pues 60 integrantes de una sola familia decidieron huir ante el asesinato de tres de sus seres queridos por grupos ligados al narcotráfico. Hasta la fecha no han regresado. Unos se fueron a entidades cercanas, otros a Estados Unidos y así, el vínculo formado durante décadas fue arrancado de raíz por la violencia en cuestión de horas.

En ese momento se volvieron personas en situación de Desplazamiento Forzado Interno (DFI). Este caso fue catalogado como paradigmático por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH). Porque si bien, se trataba de una sola familia, los afectados fueron decenas, desde los más grandes hasta los pequeños, divididos en ocho núcleos.

La violencia producida por disputas e invasiones para el control territorial provocan muertes, secuestros desapariciones, extorsión, así como la expulsión de habitantes y ello marca a las generaciones aún después de que los desplazados se van. Son dolores y temores que, de no ser tratados, se agravan y estancan los proyectos de vida. Así lo explicó Rodrigo Morales Romero, licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien trató el caso en su tesis.

Desde el aspecto de la salud mental, el especialista abordó los procesos socioemocionales que experimentaron los miembros de aquella familia chihuahuense obligada a escapar en una sola noche. Faltas de sueño, de concentración, estrés post traumático, taquicardias, hormigueo de brazos, miedo, desconfianza, furia y culpa, apenas son parte de la gran lista que identificó Morales Romero y ha estudiado en su carrera con otros casos.

Entre otras afectaciones está la pérdida del arraigo con el territorio, es decir, los vínculos y afectos ahí producidos; así como los lazos sociales, pues se produce una ruptura intempestiva en el seno familiar y con los amigos. También se pierde el estatus social adquirido, además de la memoria construida en aquel lugar.

Si las personas se trasladan de un entorno rural a uno urbano, las habilidades y aptitudes que aprendieron en su vida no necesariamente les será de utilidad a la hora de insertarse en trabajos que antes no practicaban. Se pierde lo material, por ejemplo, el patrimonio, las casas, los terrenos o los documentos, todo eso se vuelve parte del pasado. Además, esas pérdidas dificultan retomar el proyecto de vida en lo inmediato como a mediano plazo.

Incluso, el proceso para querer escapar no está a salvo de tensiones, si bien se trata de una decisión para salvar la vida, está influida por acciones de otros al interior de una familia. Y esto es importante porque el desplazamiento forzado interno no se vive de la misma forma para todos, impacta de forma diferenciada según se trate de una mujer, un niño, alguien de la tercera edad o si es indígena, es decir, atraviesa lo que en psicología se conoce como interseccionalidad (la forma de ser y estar en el mundo).

“Los hombres en sus papeles de proveedores y de sostén de protectores se ven totalmente cuestionados, porque para ellos el desplazamiento supone un fracaso en el sentido de la protección a la familia. Para las mujeres que se desplazan, muchas de ellas tienen un fuerte sentido de cohesión. Las actividades que tradicionalmente han ejercido como el cuidado de la familia muchas veces se suele modificar por la necesidad de temer un trabajo” dijo para Infobae México.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Desplazamiento Interno (IMDC), México acumuló 345 mil casos de este tipo por razones de violencia hasta 2019, ese año registró 7 mil 100. A la mitad del 2020 ya iban 4 mil 600 personas movilizadas por amenazas y conflictos de inseguridad.

Datos del CMDPDH señalaron que al menos 8 mil 664 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia en el país, mismos que fueron registrados con 28 episodios en ocho estados, 27 municipios y 61 localidades. De estos, 6 mil 925 (cerca de 80%) tuvieron que irse por la violencia generada desde grupos armados organizados.

Para el psicólogo de la UNAM, este fenómeno debe entenderse de forma integral y no olvidar las afectaciones en lo individual, donde el daño fisiológico va desde agravar previas enfermedades crónico degenerativas, hasta experimentar ansiedad o taquicardias. Si la experiencia del desplazamiento fue muy grave se pueden experimentar síntomas de estrés post traumático. Igual se presenta la falta del sueño o dificultad para concentrarse. El DFI está impulsado por el miedo y cuando esta emoción no es canalizada se decanta en afectaciones como el hormigueo de brazos o problemas gastrointestinales.

Morales Romero explicó que la sensación de furia, así como la depresión experimentada por las personas en esta situación, no debe considerarse algo patológico en el sentido negativo, es decir, que requiera un tratamiento; en cambio, debe entenderse como una reacción normal y esperada del propio desplazamiento.

Aunado a esto se experimentan procesos de señalamiento, pues al llegar a una nueva ciudad, calle o poblado, los lugareños desconfían y vinculan a sus vecinos recientes con actividades criminales, tanto que eso los obligó a escaparse.

“Conlleva una serie de estigmas alrededor de él en el sentido de que, las personas que son desplazadas, son asociadas a que están relacionadas con situaciones delictivas o que se desplazaron por alguna razón sospechosa y eso impide que haya un sostén simbólico y real donde las personas puedan depositar las emociones que van viviendo, incluso muchas familias se esciden o rompen comunicaciones para no sobrecargar a sus seres queridos de las emociones o los sentires que provoca el desplazamiento forzado”, detalló el especialista.

Por otra parte está una “reapropiación de la subjetividad de víctima” cuando a estas personas se les ve como pasivas e indefensas y ello podría designarles una identidad, únicamente, por el contexto que sufrieron.

“Aunque funciona como una categoría jurídica, el hecho de que se les nombre únicamente como víctimas de desplazamiento forzado, pareciera que toda su vida se reduce a ese espectro, pareciera que son nada más una persona que fue desplazada forzadamente, y eso es riesgoso porque entonces configuramos subjetividades victimizantes en las personas, eso desconoce toda la amplia gama de experiencias, de historias, de recursos y de herramientas que poseen las personas, por eso debe llamárseles personas en situación de desplazamiento forzado”, precisó Morales Romero.

Pues el objetivo es que se comprenda esta situación como algo que no marcará en definitiva a la gente, sino que retomarán sus proyectos de vida. Aunque el momento por el que atraviesan se prolongará en función de la respuesta estatal.

Las personas en situación de desplazamiento forzado también pueden desarrollar una desconfianza generalizada sobre el nuevo entorno en que se desenvuelven. Entonces empiezan a ver a los demás como peligrosos y amenazantes.

“Hay un temor infundado por ser víctima de nueva cuenta, porque la razón por la cual se desplazaron lo siga al nuevo lugar de reasentamiento. Al final son experiencias que se viven muy mediatizadas por la imposibilidad de olvidarlo”, abundó el psicólogo de la UNAM.

Con ello enfatizó que el desplazamiento forzado no termina el día en que se decide salir del lugar de origen. Esta afectación persiste siempre que no se le dé una respuesta adecuada y según las necesidades de los grupos y los individuos.

A su vez, es complicado monitorear a las personas en situación de DFI, porque solo son observadas hasta que ellas se enuncian como tal. Además, las autoridades detectan afectaciones únicamente cuando se es víctima de un hecho tangible, como el secuestro o asesinato de un familiar. En realidad, la decisión de irse puede ser algo preventivo por identificar un medio inseguro, de miedo e incertidumbre.

Ya en su análisis sexenal, Romero Morales explicó que la situación se agravó durante el periodo de Felipe Calderón, cuando hubo una política de seguridad enfocada al combate de los cárteles del narcotráfico. Pero el desplazamiento por razones de violencia, en las últimas décadas, se tiene documentado desde 1970, cuando habitantes de Guerrero y Chiapas se veían obligadas a migrar de sus comunidades.

Para 2010, por ejemplo, cuando gobernaba Calderón, el IMDC reportó una cifra histórica de 115 mil nuevos desplazados por violencia. Datos que no se han repetido en la última década.

Con Enrique Peña Nieto hubo perjuicio por razones políticas, es decir, en el desplazamiento de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, sindicales e indígenas, como una estrategia para desmovilizarlos. Las cifras más altas de nuevos desplazados por violencia en el sexenio de EPN fueron de 20 mil en 2013 y 2017, mientras que en 2016 se alcanzó la contabilización más alta con 23 mil, reportó el IMDC. En la administración de Andrés Manuel López Obrador continúa el problema, aunque ha procurado darle mayor visibilización al tema.

Ejemplo de ello es la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, aprobada por los diputados el 29 de septiembre pasado y que fue turnada a la cámara de Senadores para su ratificación. Esta regulación es el primer paso encaminado para atender el tema.

“Este nuevo marco legal protegerá a las personas que han abandonado sus hogares por motivos de seguridad pública como la violencia de género, conflictos sociales, políticos, culturales, religiosos, y por disputas de recursos naturales; desastres naturales y discriminación, entre otros factores”, explicó la Secretaría de Gobernación y reconoció que la deuda histórica en la materia data desde 1971.

Aún queda por ver si esta Ley no se convierte en meras intenciones, señaló el especialista, y en cambio existen recursos económicos y de sensibilidad para ejecutar el proyecto. Un ejemplo de Colombia es que los afectados les reconoce, como parte del proceso de reparación, que serán devueltos a sus territorios, apuntó Morales Romero.

Agregó que en el tratamiento no solo debe considerarse lo psicológico, porque la salud mental pasa por un proceso de reintegración a la misma comunidad, y así romper el estigma que se dio a raíz de su salida, siempre que esto sea lo deseado. Las instituciones tampoco deben asumir actitudes re victimizantes, porque eso profundiza las afectaciones, según el maestrante en la Pontificia Universidad Javeriana.

“Para que sea una ley efectiva, sí vislumbra de atender procesos psicológicos, terapias, que si bien es algo muy importante, la salud mental no solamente pasa por ahí, si tuviéramos una postura amplia podríamos saber que si una persona del territorio yaqui que fue desplazada por motivos políticos y lo quieren llevar a un procedimiento psicológico va totalmente de la cosmovisión que él tiene de cómo él vislumbra la salud mental”, ejemplificó.

“Hay situación de desplazamiento forzado realmente en todo el país”

El mapa mexicano apenas se salva de que sus estados vivan esta situación, pues se extiende prácticamente por todo el territorio, en el norte, centro, sureste y centro, esto persiste.

Por ejemplo, en marzo pasado, alrededor de 150 habitantes de San Rafael, pertenecientes al municipio de Zirándaro, Guerrero, salieron huyendo por la violencia desatada en la disputa del Cártel Jalisco Nueva Generación contra La Familia Michoacana. En aquel entonces, Gregorio Portillo, alcalde del lugar, informó que 460 habitantes solicitaron constancia de residencia para tramitar su asilo político en Estados Unidos.

Al ser contactado por este medio, el Ayuntamiento de Zirándaro reportó que las personas desplazadas de San Rafael ya habían regresado a su comunidad.

Otro caso que ejemplifica el DFI es la colonia San Antonio que se conformó en Mazatlán con la migración de personas provenientes del sur de Sinaloa. Asentamiento irregular que ha crecido en la última década y se mantiene a la deriva de la atención institucional, pues al no contar con documentos que avalen la propiedad, el municipio no les ha provisto de servicios básicos como luz eléctrica y agua potable. Esto fue documentado por el arquitecto Jesús Monge Grave en su tesis de Maestría de Urbanismo de la UNAM.

El IMDC reportó que la primera mitad del 2020, la violencia causó el DFI en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. Otros estados reconocidos con el mismo problema, por Morales Romero, fueron la Ciudad de México, donde locatarios han tenido que cerrar por el cobro de extorsiones; así como en Morelos; y en Veracruz, por el tema de las desapariciones forzadas. El especialista señaló que toda la franja norte del país era afectada por ser la frontera con EEUU, donde los grupos del crimen organizado trafican drogas.

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