La Fiscalía General de la Nación, logró que jueces con funciones de control de garantías, impusieran medidas de aseguramiento privativas de la libertad en contra de ocho personas, quienes estarían dedicadas a la comercialización de sustancias ilícitas en el departamento de Norte de Santander, capturadas entre el 25 y 28 de agosto reciente por la Policía y Ejército Nacional.
Por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, una fiscalía seccional le imputo cargos a Ferney Leonardo Padilla Agudelo, alias El Mico; Ángel Manuel Vergara Ortega, alias Bomba; y Gabriel Hernández Antolínez, alias Anillo, quienes, al parecer, pertenecen a un grupo de delincuencia común organizado conocido como Megalodon.
Según la investigación, los procesados, al parecer, se dedican a la comercialización, transporte y venta de base de coca en grandes cantidades desde el Catatumbo con el fin de ser transportada en vehículos adecuados con caletas hacia los laboratorios rústicos ubicados en el departamento.
Así mismo, se materializaron las capturas de Luis Alfredo Vargas Ordoñez, Yhean Carlos Rivera Rodríguez, Rosalba Jauregui, Beatriz Helena Betancurt Rondón y Yaseer Yamid Urbina Jurado, judicializados por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes.
Entrevistas, reconocimientos fotográficos, declaraciones, vigilancias y seguimientos realizados por la Policía Nacional, señalan a los detenidos como presuntos responsables de distribuir y comercializar a domicilio sustancias ilícitas en pequeñas cantidades, en los barrios que conforman las comunas 7, 8 y 9 de la capital nortesantandereana.
La Fiscalía habla con resultados
MPHA/FAGH/AOG/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
