Redacción BL
Dentro de las reformas sociales que impulsa el Gobierno Nacional y a las que le metió el acelerador en esta legislatura está la reforma laboral, un proyecto de ley que genera tanta esperanza como incertidumbre, ya que mientras algunos sectores señalan que es necesaria para dignificar los derechos de los trabajadores, otros sostienen que afectará la competitividad empresarial del país.
A grandes rasgos, esta iniciativa busca cambiar la jornada laboral y regresa las horas nocturnas a las 7:00 p.m., aumenta el recargo dominical y festivo al 100%, da mayor fuerza a los sindicatos y a modalidades de contratación a término indefinido y reglamenta con mayor detalle el trabajo agropecuario y en plataformas digitales.
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No obstante, en las últimas semanas el debate se ha centrado en un punto del que poco se ha hablado y que algunos expertos advierten que podría aumentar la incertidumbre en el mundo laboral. Se trata de la flexibilización de la huelga, una medida que según el Ministerio del Trabajo, sólo busca reglamentar lo que ya se ha dicho desde las cortes.
En diálogo con Portafolio, el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma Egea, explicó que con esto se quiere que el país cumpla con los estándares internacionales en materia de regulación del derecho de los trabajadores a protestar y acatar recomendaciones de autoridades como la Organización Internacional del Trabajo.
“La OIT ha hecho más de 10 recomendaciones internacionales, incluso una de ellas fue acatada en el gobierno de Álvaro Uribe, y por eso queremos estar en línea con todos esos llamados que nos dicen que se debe ampliar el derecho a la huelga o como se está diciendo hoy en día, la flexibilización”, dijo Palma Egea.
Por medio de seis cambios a la legislación actual, que se explican en la reforma laboral, el Gobierno busca esencialmente tres cosas: establecer que la huelga en servicios esenciales es posible siempre y cuando se cumpla un mínimo de atención, quitar el preaviso que se obliga hoy en día o dejarlo sólo para casos de negociación y dejar claro que el Ejecutivo no podrá decir cuando una huelga es legal o no.
“Todo el mundo sale, los congresistas, algunos abogados de empresas, algunos sectores académicos, a decir, oiga, es increíble que pueda haber huelga en los servicios públicos esenciales. Es que ya lo ha dicho la jurisprudencia colombiana, nuestras altas cortes, teniendo en cuenta recomendaciones internacionales”, advirtió el Viceministro.
Por otra parte, para Enrique Correa de la Hoz, doctor en Derecho del Trabajo y autor del libro Crisis de eficacia del Derecho de huelga en el mundo del trabajo. Una propuesta desde los Derechos Humanos, el debate sobre si flexibilizar o no la huelga en el país debe partir desde el desconocimiento que hay frente al alcance que tiene.
“La evidencia empírica demuestra que los trabajadores recurren a la huelga como último recurso y muchas veces ante situaciones de desespero e injustas. Por ejemplo, para el pago de las acreencias laborales que los empleadores adeudan durante muchos meses y que comprometen su mínimo vital; para protestar contra medidas de política sociolaboral que atentan contra el trabajo decente; para defender su derecho a laborar en entornos seguros y saludable, entre otros”, dijo este experto.
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Este experto señaló que si se aprueba esta reforma, los trabajadores podrían recurrir a la huelga sin tantas dificultades, lo que la convertiría en un mecanismo que sería un recurso más practicable y podría ejercerse sin tantos temores o exposición a sanciones drásticas, que sostiene que en muchos casos son “desproporcionadas”.
“Mire, parta de algo simple, la huelga en las urnas triunfa, pero es impracticable porque se cuentan a favor del empleador las abstenciones y por esa vía logra una mayoría en contra de la huelga. Imagínese qué pasaría si esto se hiciera igual en la política, durante las elecciones. Estaría en contra de los principios de la democracia”, agregó Correa de la Hoz.
Al interior de los sindicatos hay posiciones diferentes respecto a la conveniencia de esta propuesta. Jorge Iván Díez Vélez, vicepresidente Confederación General del Trabajo, sostiene que con esto se abre el camino a una huelga sin reglas, que podría ser contraproducente.
“Algunos funcionarios del Gobierno, dentro de su narrativa combativa contra el sector privado, ha sobrecargado al empresariado, al tiempo que lo ha responsabilizado, de manera generalizadora y abstracta, de los problemas principales del país”, dijo. Este líder sindical sostiene que “el objetivo de esta estrategia es que prevalezca una visión contenciosa de los derechos laborales que derive en el uso de la huelga como herramienta principal de defensa del derecho laboral, cuando existen otros espacios”.
Caso contrario sucede con Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, quien dice que esta reforma sólo busca devolver los derechos que los colombianos han perdido durante las últimas décadas, entre esos, el que tienen a protestar contra lo que está mal. “Todos los empresarios, antes de 1990, contrataban con estabilidad laboral, sin intermediación laboral, pagando los dominicales y festivos. De tal manera que lo que pasa es que ahora tenemos un empresariado al que le gusta todo regalado, pese a que antes podían mantener las empresas, pagarle a sus trabajadores, reconocerle sus derechos”, dijo el Presidente de la CUT.
Fabio Arias agregó que “lo consagrado en la reforma laboral sobre el derecho a la huelga corresponde exactamente a los estándares internacionales que sobre ese derecho ha venido reivindicando y desarrollando normativamente la Organización Internacional del Trabajo. Es ponernos a la altura de estándares internacionales”, concluyó.
Portafolio también habló con diferentes voceros gremiales, expertos empresariales y abogados laboralistas, quienes agregaron que hay varios impactos de esta propuesta que no se han medido. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, consideró que “el proyecto de ley permitiría la creación de sindicatos con impacto en todos los sectores de la economía, obligando a empresas que no han hecho parte de negociaciones a aceptar las decisiones que se tomen”.
Pero además explicó que se podría “cambiar la regla universal de las mayorías, de forma que en un sindicato que agrupe el 30% de los trabajadores de una empresa, la mitad más uno de los que hacen parte de esta organización pueda tomar la decisión de ir a la huelga. Así, si la empresa es de 100 trabajadores y 30 están sindicalizados, 16 trabajadores pueden hacer que las actividades productivas se paralicen”.
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“Pero también preocupa que al eliminarse causales de legalidad de la huelga, como la prohibición de esta para fines distintos de los profesionales o económicos, tal como se encuentra previsto en el proyecto, se podría ir a la huelga por razones políticas, paralizando completamente la economía nacional, por asuntos que nada tendrían que ver con reivindicaciones de orden laboral”, dijo Cabal.
El representante de los comerciantes cerró diciendo que en el proyecto se pretende permitir la huelga en los servicios públicos esenciales, “en expresa y abierta contradicción con la prohibición constitucional que protege a todos los ciudadanos” de la afectación derivada de la parálisis en la prestación de estos servicios.
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A su turno, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, manifestó que flexibilizar la huelga “puede representar un problema para lograr el desarrollo económico, ya que el cese de actividades podría ser convocado por una minoría de trabajadores, en perjuicio de los demás colaboradores, provocando interrupciones en la producción y en la prestación de servicios, lo que afectaría la capacidad de la empresa para cumplir con los pedidos”.
“Los derechos de los trabajadores deben respetarse, garantizarse, pero éstos no deben significar afectar el desarrollo empresarial y el derecho al trabajo de quienes no desean ser parte de la huelga”, indicó Lacouture, quien tampoco está de acuerdo en que se permita la huelga en los servicios públicos esenciales.
Desde la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), su presidenta Nacional y de la Región Central, Gladys Vega, sostiene que “el sector empresarial manifiesta una profunda inquietud respecto al margen otorgado a la sindicalización. Esta preocupación radica en la percepción de que, de implementarse, la reforma podría privilegiar los intereses de los trabajadores sindicalizados, dejando de lado a aquellos empleados que optan por no asociarse a causas que no consideran de su interés”.
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Indicó que si bien plantea la legitimidad de las huelgas siempre y cuando “promuevan y defiendan los intereses de los trabajadores”, no se definen cuáles son esos intereses considerados válidos. Esta ambigüedad genera preocupación, ya que podría propiciar situaciones que afectarían la actividad empresarial.
A su juicio, “se teme que este legítimo derecho de asociación sindical pueda convertirse en un instrumento de presión y sea utilizado de manera inapropiada en las relaciones laborales, generando tensiones innecesarias, afectando la productividad y la estabilidad en el lugar de trabajo”.
Consultado al respecto, Mauricio Montealegre, director de la práctica laboral en la firma Gómez-Pinzón, considera que “si no existe un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y el desarrollo de la operación del empleador, se crea inestabilidad jurídica en las empresas, y se afecta la percepción internacional de cara a la inversión y creación de negocios”.
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Opinó que “flexibilizar la huelga, en los términos en los que se plantea en la reforma, incrementará la conflictividad judicial y administrativa de las empresas, lo que supone que el análisis de potenciales contingencias laborales de las empresas colombianas se plantee como un elemento negativo para los negocios».
Por último, Nidia Hernández Jiménez, presidenta de Colfecar, indicó que “plantear una flexibilización al derecho a la huelga, permitiendo que ésta se realice en los servicios públicos esenciales, representaría no solo una gran afectación a nuestro sector sino que pondría en riesgo el abastecimiento de los colombianos afectando aún más la situación económica de los sectores productivos”.
“En un país como el nuestro, con altos indicadores de bloqueos en las vías e inseguridad, que ya vienen perjudicando la productividad y sostenibilidad del sector, no es posible proponer una huelga en los servicios públicos esenciales”, concluyó la vocera gremial.
Prudencia con los límites que se determinen
Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, puso varios reparos al punto que busca flexibilizar la huelga en Colombia, ya que según ella, podría afectar de sobremanera a las pequeñas empresas, si no se le ponen límites a este derecho de los trabajadores.
Frente a las razones para regular la huelga, sostiene que “en el precedente judicial y en la reforma se está sobredimensionando la huelga, en detrimento del resto de elementos del derecho laboral”.
“Estamos enfrentándonos a una nueva institución jurídica que busca limitar los principios democráticos, eliminar los requisitos de la huelga para que los sindicatos acumulen mayor poder, y enfrentar a los actores sociales como mecanismo de presión social generalizado”, explicó Morad, quien aconsejó al Congreso que revise muy bien cada uno de los puntos que están en juego con la huelga en esta reforma laboral.
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