Redacción BL
Al menos 20 concesiones en el país se han visto impactadas por los líos que destapó Portafolio sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, a las cuales –no en su totalidad– les deberían al menos $1,2 billones por vigencias futuras del año 2023, que tuvieron que ser pagados en el mes de enero de 2024, sin embargo a la fecha no han sido girados.
(Vea: Isagen aseguró que ha presentado energía para contratos a comercializadores).
Este valor correspondería al diferencial pagado y adeudado a las concesiones por vigencias futuras del periodo anterior. La ley permite que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) pague, al menos un mes después, con recursos del PGN del año siguiente ese dinero faltante, pero debido a los líos técnicos y jurídicos que presenta el decreto, no se han podido desembolsar estos recursos.
Vale recordar que el modelo financiero de las Alianzas Público – Privadas es mediante crédito, el cual es pagado mediante el recaudo de los peajes (40 %) y las vigencias futuras (60 %). Sin estos dineros, las concesiones se verían en aprietos a la hora de pagarle a la banca.
Esta situación estaría impactando al menos a 20 concesiones de proyectos de Cuarta Generación (4G), que figuran bajo el modelo de Alianza Público Privada (APP). Hay que recordar las Iniciativas Públicas (IP) no funcionan con vigencias futuras, y estas corresponden a los nueve proyectos restantes de este portafolio de infraestructura 4G.
Al respecto, la ANI ha dicho que es necesario contar con la desagregación del programa de inversión, y en cuanto se tenga este documento, se podrá disponer de los recursos para cubrir estos compromisos. Mientras tanto, no hay respuesta o un plan B del Gobierno.
“Tan pronto se tenga dicha desagregación, se procederá a realizar el pago del descalce del aporte 2023, producto de la diferencia entre los supuestos macroeconómicos para la programación del presupuesto y los indicadores macroeconómicos (IPC y TRM) al momento de la obligación del pago, de acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión”, señaló la ANI.
Debido a las demoras, este valor de $1,2 billones sería mayor. A la fecha, el descalce del aporte estatal de la vigencia 2023 (que se da por la diferencia entre los supuestos macroeconómicos de programación presupuestal y los indicadores macroeconómicos al momento de efectuar el pago) se calcula en $1,7 billones, teniendo en cuenta las variables macroeconómicas de actualización del cierre de enero.
No obstante, el Gobierno no se ha pronunciado de cuándo podría ser sancionado el decreto de liquidación del programa de inversión ‘Infraestructura Red Vial Primaria’, que permitiría darle el capital necesario a las APP. Hasta que esto pase, los intereses seguirán corriendo.
A este valor en la cartera se tendrá que sumar $5,9 billones que deberán ser pagaderas este año, en diciembre por este concepto.
(Vea: Proyectos públicos también estarían en riesgo por líos con el Presupuesto del 2024).
Sobre la demora, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró en medios de comunicación que están revisando la forma en que se pagan las vigencias futuras, pues debería ser acorde a la ejecución de la obra. Esta declaración colocó claramente en alerta a los concesionarios viales, que firmaron un contrato con la ANI bajo unas condiciones específicas.
Aseguran que esta no debería ser la solución, pues el esquema fiduciario comprende únicamente a las concesiones que aún están en obra y se paga en función de la entrega de unidades funcionales y proporcional a la división del proyecto, lo que garantiza ese principio deseado por el Gobierno. Las demás obras, al estar terminadas, no entrarían bajo este modelo.
Además, sobre las demoras aseguran que existen otros mecanismos para presionar el avance, entre ellos multas y mecanismos legales. No obstante, según fuentes cercanas al Gobierno, al interior de las carteras se estaría revisando la viabilidad de cambiar el esquema de vigencias futuras, y podría estar sobre la mesa usar los dineros dentro de las fiduciarias para otros fines en lo que salen de disputas legales ciertos proyectos que hasta la fecha están parados. Los recursos usados serían regresados a la fiducia para el momento del pago.
Para especialistas en la materia, esto sería un grave error. Los dineros en las fiducias garantizan a las concesiones que el dinero está, el tercero brinda esa confianza entre ambas partes que los recursos se encuentran en un lugar para el momento del desembolso.
Según la ANI, en este momento existen cerca de $9 billones en las fiduciarias.
(Vea: Avanzan primeras columnas del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá).
La inversión para obras por regalías subirá un 6,1% en términos nominales.
Esneyder Gutiérrez
De las 30 concesiones que están en el portafolio 4G, 2O dependen de las vigencias futuras para cumplir con sus obligaciones financieras; de estas, seis (Autopistas al Mar 1, Autopista Conexión Pacífico 2, Cartagena – Barranquilla – Circunvalar Prosperidad, Honda – Puerto Salgar – Girardot, Puerta de Hierro – Palmar de Varela – Cruz del Viso y Rumichaca Pasto) no se verían afectadas por los cambios que podría hacer el Gobierno en el esquema fiduciario ya que están finalizadas, sin embargo, las demás 15 sí.
De este total, 10 presentan retraso en los cronogramas de obras. Algunas, si bien han hecho prórrogas en los contratos, otras no e irían más de un año de demora y con avances poco prometedores.
Del paquete total de 4G, existen dos proyectos que no tienen ningún avance: la IP Autopistas del Caribe (que debió iniciar construcción el 20 de abril de 2023), pero que debido a problemas con las comunidades no ha podido avanzar y la APP Mulaló – Loboguerrero, que está paralizada por una disputa legal. Sobre este último, fuentes aseguran que podría liquidarse prontamente.
Financiación de Metro Línea 1
Firma del acta de inicio de la fase de construcción del viaducto de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
Milton Díaz. EL TIEMPO
El proyecto del Metro de Bogotá, al menos del de la Línea 1 está financiado bajo un modelo de cofinanciación, en el que el Distrito da el 30 % de los recursos y el Gobierno se comprometió a pagar el 70 %.
Teniendo en cuenta que el proyecto cuesta $12,9 billones, el Estado deberá girar por este concepto $9,03 billones, un alto valor de la obra.
Con un compromiso de tan alto calibre, el proyecto podría verse perjudicado a la hora de pagar su crédito a la banca debido a los líos del PGN. Según datos de la Empresa Metro de Bogotá, a la fecha se han ejecutado $ 2,1 billones.
(Vea: Malla vial de Bogotá, en la lupa de la Personería por ‘improvisaciones’ y sobrecostos).
Paula Galeano Balaguera
Periodista Portafolio
