El ministro del interior y de justicia Fabio Valencia Cossio, reveló que después de haber hecho un cruce de información encontró 18 casos de personas de alta peligrosidad que se encuentran bajo la detención domiciliaria y otras 193 de menos perfil pero que también fueron cobijadas con el beneficio.
Según el ministro el Inpec identificó que entre los casos hay 18 casos de relevante peligrosidad que pertenecen a las Farc, a bandas criminales, o son ex miembros de las autodefensas.
Ante esta situación el ministro informó que le ha pedido al fiscal general de la nación Guillermo Mendoza Diago, que inicie la investigación penal contra los funcionarios judiciales que hubiesen otorgado los beneficios sin los requisitos legales.
Así mismo, le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que adelante las investigaciones a nivel disciplinario y si es el caso revocar el beneficio a estas personas.
Valencia Cossio dijo que el gobierno considera que estas personas no cumplen con los requisitos para que personas de alta peligrosidad gocen de estos beneficios ya que las penas de muchos de ellos podrían superar los cinco años de prisión.
