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Gobierno Nacional ordenó intervención de Calisalud

por Redacción BL
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La decisión se habría tomado porque la EPS enfrentaba graves líos financieros.

La Superintendencia de Salud ordenó la liquidación forzosa técnica administrativa de Calisalud, Empresa Promotora de Salud, EPS.

La drástica decisión obedecería a la grave crisis financiera que afronta la entidad, que, según la Superintendencia, estaba poniendo en peligro la oportuna atención de sus 439.000 usuarios, en su mayoría, afiliados al régimen subsidiado de los niveles 1 y 2 del Sisbén y residentes en el Valle del Cauca, Cauca y el municipio de Manizales, Caldas.

La resolución 000521 del 5 de abril, a la que tuvo acceso El País, evidencia que el Gobierno Nacional removió del cargo a Oriana Carvajal, quien se desempeñaba como Gerente de la EPS.

Asimismo, se nombró como agente interventor al bogotano Édgar Pabón Carvajal.

Fuentes consultadas por este diario manifestaron que lo más probable es que el siguiente paso del Gobierno Nacional sea la liquidación de la única empresa pública de salud de la región.

Una enfermedad sin remedio

Luz Deiby Jiménez, presidenta de la Asociación de la Red de Hospitales Pública del Valle, Asohosval, se mostró triste con la decisión de la Supersalud, pero recordó que la entidad arrastraba deudas millonarias con los hospitales públicos.

Dijo que le preocupa la situación de los usuarios del municipio de Yotoco, donde los servicios de salud solamente son prestados por esta entidad.

Jorge Eliécer Rojas, alcalde de Bugalagrande, cuestionó sobre quién se encargará de saldar las deudas de vigencias anteriores.

La crisis de Calisalud fue tan grande a comienzos de año que hospitales de Andalucía, Obando, Trujillo, Bugalagrande y Yumbo cerraron los servicios de urgencias y consultas para 35.000 afiliados. En el conflicto tuvo que mediar la Superintendencia de Salud.

La contralora regional, Alma Carmenza Erazo, recordó que desde el 2007 el ente de control, a través de sus auditorías, había advertido sobre una posible liquidación de la empresa caleña porque no tenía el capital mínimo que exige la Superintendencia de Salud para que funcione como empresa de salud.

“El Gobierno Nacional le había dado el aval para que funcionara como empresa de salud, pero condicionado. El Municipio entregó en mayo pasado el edificio donde funciona Calisalud para que hiciera parte de su capital y así se subsanara parte del déficit, pero aún así había muchos problemas financieros que no eran nuevos”, explicó Erazo.

La Contralora entregó un parte de tranquilidad a los usuarios de esta EPS y señaló que el trabajo del agente interventor es hacer inspección y vigilancia, pero los servicios se seguirán prestando de manera normal.

Sin embargo, el secretario de Salud del Valle, Héctor Fabio Useche, también evidenció su preocupación. “Fue una lucha larga la que tuvo que enfrentar la empresa, que venía con deudas y problemas históricos. No podemos juzgar si hubo buenos o malos manejos; ahora a la Superservicios le corresponde analizar lo que está sucediendo al interior de la entidad”.

Los concejales Milton Castrillón y Clementina Vélez fueron más duros en sus declaraciones y aseguraron que la decisión del Gobierno Nacional obedece a los malos manejos que tuvo la entidad.

Castrillón indicó que la intervención es una muerte anunciada. “Cuando aprobamos que el Municipio cediera el edificio a Calisalud le dijimos al Alcalde (Jorge Iván Ospina) que tenía que hacer más gestión, que la Superservicios estaba esperando no sólo quedarse con el patrimonio financiero, sino con la operatividad de toda la empresa”.

Reprochó que durante los dos años del gobierno Ospina se haya liquidado una empresa pública (Emsirva) y se anuncie la intervención de otra (Calisalud).

En cuanto los inconvenientes a principios de año con la Red Hospitalaria del Valle, el concejal denunció la falta de “buenas relaciones con las ESE, con el Hospital Universitario del Valle y que el Alcalde se haya quedado corto con la sustentación financiera de la entidad”.

La concejala Clementina Vélez consideró que la intervención con fines de liquidación podría generarse en la intención de algunos senadores vallecaucanos que estarían interesados en manejar la entidad o ayudar para su liquidación. “Lo más grave es que Cali no esperaba una decisión de ese tamaño debido a que la gerente, Oriana Carvajal, está en vacaciones”.

Calificó la decisión como “una patada baja” para la ciudad, que completa dos empresas liquidadas en lo que va corrido de este Gobierno municipal.  Con El pais

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