Redacción BLEl país se levantó este jueves con una nueva discusión con aristas políticas y jurídicas y de consecuencias imprevisibles: la negativa de los miembros del partido político Farc de ir a la Fiscalía por el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.
En el ambiente, incluso, gravita la inquietante palabra “rebelión”.
A través de un comunicado firmado por Rodrigo Londoño, presidente de esta colectividad, y Julián Gallo Cubillos, el senador que en sus años de guerra uso el alias de ‘Carlos Antonio Losada’, le dijeron a la Fiscalía que su intención de “aportar verdad y presentarse ante la justicia en el caso del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado” está vigente. Se trata de una aclaración necesaria.
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Hay, sin embargo, un pero. En la misiva se mostraron enfáticos al asegurar que esa diligencia debe hacerse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y no ante la Fiscalía, por haber sido esta “la instancia creada y normada a partir de la firma del acuerdo final de paz entre la antigua guerrilla y el Estado colombiano”.
Según su punto de vista, hay “afectaciones al procedimiento constitucional enmarcado en las normas que regulan la relación entre la justicia ordinaria y la JEP y la improcedencia constitucional y legal de citarlos a comparecer ante la Fiscalía General”.
En consecuencia reivindican el principio de la Constitución que indica que nadie debe ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
“Nosotros, los firmantes del acuerdo de paz y nuestra defensa jurídica, no nos oponemos a la solicitud del traslado de pruebas en el marco de la colaboración armónica entre la JEP y la Fiscalía General de la Nación, no solo en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, sino en todos aquellos no esclarecidos por la Fiscalía y en los cuales se están haciendo aportes a la verdad como parte del compromiso asumido por los firmantes”, explicaron.
Losada, en una entrevista con Blu Radio, precisó esta tesis:
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“Teníamos una audiencia en la JEP, esta fue aplazada en virtud de un recurso que interpuso la familia Gómez y, hoy, lo que estamos enviando es una carta a la Fiscalía, en la que explicamos que, atendiendo al debido proceso, siendo la JEP nuestra jurisdicción natural, la Fiscalía podrá acceder a esas declaraciones que daremos a través de las solicitudes y la colaboración con la jurisdicción especial”.
Teníamos una audiencia en la JEP, esta fue aplazada en virtud de un recurso que interpuso la familia Gómez y, hoy, lo que estamos enviando es una carta a la
Fiscalía…
Para que no quedaran dudas, sentenció: “No hay ninguna rebelión, estamos acudiendo a las citaciones”.
La situación se da en un contexto extremadamente sensible porque hay muchos sectores de opinión con una mirada puesta en el caso y cada quien está observando con un prisma diferente.
Así por ejemplo, este miércoles en la tarde, el presidente Iván Duque volvió a cuestionar el anuncio del antiguo secretariado de las Farc de reconocer la autoría del asesinato de Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.
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En este escenario, el jefe de Estado le agradeció al exfiscal Néstor Humberto Martínez que haya declarado el crimen de Gómez Hurtado como de lesa humanidad en el 2017, con lo que no prescribe la acción penal ni la investigación.
“El hecho de haber adelantado esa declaratoria ha mantenido viva la investigación que tiene que llegar a la verdad real, no a la verdad elaborada con propósitos que hoy son bastante dudosos”, dijo Duque.
El Presidente fue más allá y afirmó que el hecho de que aparezcan “grupos a adjudicarse semejante magnicidio pero con responsabilidades indeterminadas diciendo que eso fue pensado hace más de 30 años y que quienes participaron ya no están en el mundo terrenal pareciera como una especie de opereta para tratar de construir un petrimetri de sastrería procesal, al servicio de quién sabe quién”.
El jefe de Estado va en línea con la decisión del fiscal Francisco Barbosa, quien en su momento informó: «En cumplimiento del deber constitucional de investigar delitos”, dijo.
Por lo tanto, anunció que a pesar de la sorprendente revelación de adjudicarse el crimen, el ente acusador “continuará con la práctica de pruebas, tendientes a esclarecer los hechos, los autores o partícipes donde falleció el doctor Álvaro Gómez Hurtado y su asistente José Huertas, en consonancia con el principio de colaboración armónica que debe existir entre las instituciones del Estado”.
Aunque hay coincidencia en algunos puntos entre las partes como por ejemplo en buscar la justicia y la armonía institucional, también hay un abismo que los separa.
La replica de Losada tiene, por su parte, un argumento de peso:
“¿Cuál es la razón por qué la Fiscalía en 25 años no fue capaz de resolver el caso y por qué ahora que aparecemos nosotros atribuyéndonos responsabilidades no nos quiere creer?”.
Así es. En buena parte de la opinión pública, este crimen ya había caído en el olvido, con el consecuente dolor para su familia, que seguía sin tener ninguna respuesta concreta.
Así iban las cosas hasta que a través de un comunicado, ocho dirigentes de las Farc
—Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Juan Ermilo Cabrera, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Granda— sorprendieron al país con su revelación.
“Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado. Hemos leído sus biografías y hoy sabemos que su contribución a la paz del país habría sido fundamental. Pero la guerra nubla la mirada del futuro y solo permite ver la realidad en blanco y negro y dividirla en amigos y enemigos”, dijeron.
En ese instante, ya los exjefes de las Farc afirmaron que era ante la JEP donde iban a explicar por qué Gómez Hurtado era considerado por esa organización como un “objetivo militar y un enemigo de clase” que representaba a quienes les habían declarado la guerra. También prometieron explicar, más allá de las razones de “conveniencia” y “vergüenza”, por qué decidieron callar el crimen durante todos estos años.
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“No pretendemos escudar nuestra responsabilidad en la larga confrontación armada o atribuir la decisión a quienes hoy no nos acompañan. Queremos que la familia de Gómez Hurtado y el país conozcan toda la verdad, sin intermediarios ni interpretaciones que obedezcan a agendas que no sean las de la verdad plena”.
Desde entonces, la tensión ha sido máxima. Es natural.
¿Por qué? Están en juego no solo la credibilidad y eficacia de la justicia en Colombia, sino también un pulso político entre quienes creen en la JEP como corazón vital de los acuerdos de paz y, sobre todo, la posibilidad de saber las verdades de lo que nos pasó para convertirnos en uno de los países más violentos del mundo.
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