Redacción BL
Humberto de la Calle Lombana, el exjefe del equipo negociador por parte del Estado colombiano que logró el desarme de la guerrilla de las Farc a través del Acuerdo de Paz, hizo una clara advertencia a quienes pretenden derogar la Justicia Especial para la Paz, JEP, al tiempo que afirmó que “es mejor llamar a la implementación de una paz firme y duradera, que tener cierta nostalgia de la guerra”.
Sin mencionarlos directamente, la advertencia de De la Calle de las graves consecuencias que tendría acabar con la JEP tienen nombre: los miembros del gobernante partido Centro Democrático, CD, en general; y de su jefe natural, Álvaro Uribe Vélez, en particular.
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La declaración de De la Calle está en un articulo de UN Periódico, medio impreso de la Universidad Nacional de Colombia, que circuló el domingo con EL TIEMPO.
Su afirmación cobra relevancia en momentos en que el expresidente y ahora exsenador puso este propósito sobre la mesa, eje central de su primera aparición tras recuperar su libertad.
“Pensemos, además, en un referendo que disminuya el Congreso y la burocracia, adopte una norma vértice para la cúpula de la justicia, garantice ingreso solidario a los más pobres, y confirme el decomiso de la droga sin criminalizar al consumidor. Que derogue la JEP y confiera garantías a los integrantes de las Fuerzas Armadas, también a los desmovilizados de buena fe”, propuso Uribe.
Para De la Calle, derogar la JEP sería negar la verdad y los derechos de las víctimas: “la Jurisdicción no era un ‘sapo’ que los colombianos debíamos tragarnos; es una necesidad para que se obtenga el mayor volumen de justicia sin sacrificar la paz”, dijo en su declaración en el texto citado.
Es la primera vez en el mundo que una guerrilla acepta voluntariamente que sus crímenes más graves sean revisados desde lo judicial transicional
“Es la primera vez en el mundo que una guerrilla acepta voluntariamente que sus crímenes más graves sean revisados desde lo judicial transicional. Si la derogatoria funciona, los militares involucrados en crímenes y terceros financiadores serían más vulnerables frente a jurisdicciones y tribunales internacionales que decidan intervenir al ver que los mecanismos locales fallaron”, explicó De la Calle.
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“Se está jugando de manera muy irresponsable, hay que solidificar el Acuerdo, lo cual implica que todos los responsables acudan y se sometan a la JEP en un manto de verdad y reparación”, argumentó.
Para el exjefe del equipo negociador, uno de los argumentos de quienes promueven la derogatoria es la falta de resultados de la JEP, ante lo cual él considera que así expone “una visión errada, pues aunque el Acuerdo se suscribió hace cuatro años, los dos primeros años fueron “perdidos” ante la falta de regulación”.
“Claro que quisiéramos resultados más rápido, pero no perdamos de vista que se trata de siete macroprocesos de extrema complejidad, por tanto, la pregunta no es si habrá resultados, sino cuál será el sistema de monitoreo del Gobierno que le garantice a la sociedad que las sanciones que se produzcan son reales; la catástrofe sería que la JEP se pronuncie y esto no se concrete”.
En palabras de De la Calle, “las propuestas más recientes para modificar lo acordado son impulsadas por nociones falsas. Algunos, apelando a la antilógica, dicen que el aumento de la violencia es consecuencia de lo acordado, que son los 13.000 excombatientes y sus armas, pero estas se inventariaron y se destruyeron; a esto se suma que el riesgo no solo está en la JEP sino que se puede extender hasta las raíces pluralistas de la Constitución de 1991”.
De la Calle se muestra categórico al advertir que el Acuerdo se hizo entre el Estado y un grupo rebelde en medio de un conflicto armado interno, por lo que desconocer lo pactado después de que la guerrilla dejó las armas y se sometió a la vida civil es lo que se conoce como “acto de perfidia”.
El exjefe del equipo negociador recuerda que este está enmarcado en el Derecho Internacional Humanitario, y que se explica como si una de las partes en un conflicto que negocia la paz lo hace con la intención de romper esa promesa cuando el “enemigo” esté expuesto.
Para De la Calle, desde el punto de vista de la responsabilidad jurídica e histórica de Colombia, como Estado, eso sería una mancha imborrable. Desde su perspectiva, reitera “es mejor llamar a la implementación de una paz firme y duradera, que tener cierta nostalgia de la guerra”.
Para el jefe negociador del proceso de paz en La Habana, aunque la violencia no ha desaparecido, sí se había atenuado, por lo que el recrudecimiento de las masacres en los últimos meses genera de nuevo incertidumbre en las comunidades.
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Las declaraciones de De la Calle fueron hechas durante la séptima sesión del curso de contexto “Del conflicto armado a la construcción de paz”, promovido por la Red de Ética, Cultura, Creación, Ciencia, Tecnología e Innovación para la Paz (Red Paz) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
En este contexto y con respecto a las metas de reincorporación, De la Calle declaró que se han ido cumpliendo, que hay cronogramas aplazados, problemas fiscales, pero que estas no se deben reducir a cifras.
Cualquier organización criminal debe ser combatida, pero las familias involucradas se deben ver de una forma mucho más amplia
“Hay una distorsión de fondo en la reincorporación, pues parece más una rendición: ‘ustedes dejaron las armas y yo les recompenso con apoyo’, pero me parece que los elementos que llevarían a conseguir la paz en una década, prácticamente han desaparecido. Esto es en parte por la posición del Gobierno y del partido de Gobierno de pensar que la reincorporación se limita a los guerrilleros de base, con lo que en últimas se llevaría al desconocimiento del conflicto”.
En relación con el Fondo de Tierras, que hasta la fecha suma 1 millón de hectáreas –a 2028 debe reunir 3 millones– adjudicadas a campesinos, el principal reparo del exvicepresidente es que buena parte de estas son el resultado de procesos antiguos, que aunque se debe aplaudir que se ejecute, no necesariamente es por cumplimiento del Acuerdo.
A eso le suma la precaria normalización de dichas tierras, pues señaló que el 48 % de los predios rurales no tiene títulos, y un campesino en esas condiciones no puede acceder a servicios bancarios ni pertenecer a la economía formal.
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Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.
Sobre la sustitución de cultivos, apuntó que es falso que en La Habana se haya prohibido la fumigación, que esa fue una decisión del Gobierno, el Consejo de Estupefacientes y las Cortes; y manifiesta que el Acuerdo lo que señala es que se deben priorizar acciones como la sustitución voluntaria con decisiones comunitarias y generar presencia institucional integral del Estado.
En ese punto, De la Calle mencionó que el gobierno Duque dijo que cumpliría, pero que sus políticas podrían ser traumáticas en la medida en que le quita eficacia a la sustitución y vuelve a las visiones netamente represivas que se vienen aplicando desde hace 30 años:
“Cualquier organización criminal debe ser combatida, pero las familias involucradas se deben ver de una forma mucho más amplia; las acciones represivas para combatir los cultivos ilícitos han fracasado”.
Las modificaciones al acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno anterior y las Farc han sido un propósito del uribismo desde hace tiempo, pero, hasta el momento, no han tenido éxito en el Congreso.
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Hace dos años, en octubre de 2018, el Centro Democrático realizó un acuerdo político, en el Legislativo, con los sectores defensores de la integridad del acuerdo para modificar algunos aspectos de la JEP, pero al final lo pactado se diluyó.
Tras recuperar su libertad, Uribe puso sobre la mesa este tema y es en este contexto en el que ahora se conocen las reflexiones de De la Calle.
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