El debate sobre las intenciones de la
reforma judicial
que el kirchnerismo aprobó en el Senado abrió, casi en simultáneo, otras discusiones por el costo que significará la creación de
cientos de nuevos cargos
de magistrados en el
Poder Judicial.
La mayor parte de esos fondos serán destinados al pago de sueldos de jueces, fiscales y defensores oficiales, pero el Estado deberá desembolsar otros tantos millones para que la nueva arquitectura judicial se ponga de pie y en marcha.
El «costo oculto» de la reforma judicial incluye, por ejemplo, la compra o alquiler de oficinas para que trabajen los nuevos juzgados, salas de Cámara, fiscalías y defensorías que se crearán a lo largo de todo el país, así como los gastos en tecnología y los gastos corrientes. La cifra de este «costo oculto» supera los $4000 millones, según un informe de la organización Juntos por la Justicia, una ONG vinculada con la oposición.
Esta ONG hizo una proyección sobre la estructura de empleados que necesitarán los 370 nuevos cargos de magistrados que creó la reforma política. El cálculo asciende a 1739 nuevos empleados que estarán asentados, en su mayoría en el Interior del país, con un costo salarial anual de $5000 millones. Pero a esa base, la organización sumó otros gastos necesarios para poner en marcha el nuevo sistema judicial, que duplican ese número hasta superar los $10.000.
El primer punto que queda bajo la lupa con la creación de estos nuevos cargos es la infraestructura. No es novedoso hablar sobre los problemas edilicios de juzgados y fiscalías a lo largo del país, que en muchos casos incluye superpoblación de empleados, exceso de papeles y falta de normas básicas de higiene. En ese contexto, ¿cómo entrarán todos estos empleados nuevos contemplados en la reforma judicial?
Nuevas oficinas
La ONG estimò un costo de $3500 millones para poner en funcionamiento oficinas para los nuevos empleados, de acuerdo a los metros y exigencias del Manual de Estándares de Espacios de Trabajo del Estado. Esa infraestructura, incluso, podría requerir en un futuro próximo más presupuesto si avanza la instauración del sistema acusatorio, lo que implica más espacio para las fiscalías y el correcto desarrollo de los nuevos procedimientos judicial que implicaría un cambio de sistema procesal.
La inversión en tecnología también será otro ítem, a la hora de calcular los costos de la reforma. La proyección de Juntos por la Justicia es que deberán invertirse otros $1370 millones solo para instalar computadoras, escáneres, servidores e impresoras, pero sin tener en cuenta,otros gastos, como las licencias de software.
Pero esta proyección a gran escala no suma, sin embargo, otros gastos operativos más pequeños, pero igual de necesarios para el funcionamiento de cualquier oficina judicial, que incluye desde la compra de tinta para las impresoras hasta la provisión de lapiceras. «No se contemplan todos los contratos que seguramente van a pedir los jueces y fiscales para tener sus secretarias privadas y ordenanzas. Además del celular oficial, vehículo y custodia», dice el informe de la ONG.
«No se ha calculado aquí el gasto en montar las alcaidías que los nuevos edificios van a necesitar para que los detenidos esperen antes de cada audiencia, ni los insumos para equipar las salas de audiencia. Tampoco se ha tenido en cuenta en qué proporción aumentará la burocracia administrativa la ampliación de estructura y de qué manera se va a afrontar», agregan.
Cambios de última hora
Al proyecto inicial que presentó Alberto Fernández en la Casa Rosada se le agregaron juzgados y tribunales cuando se aprobó el dictamen de comisión en el Senado. El jueves por la noche, en el recinto, se le sumaron nuevas cámaras y juzgados a última hora, la mayoría en el interior, con la constitución de nuevas cámaras federales y juzgados, para asegurarse votos cuando la reforma judicial llegue a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno no reúne los votos para aprobarla.
Se crearán en el Interior 65 nuevos cargos de magistrados de cámara (jueces, fiscales y defensores), más 156 nuevos cargos de funcionarios y otros 169 puestos de empleados. Habrá, además, dos nuevos tribunales orales federales nuevos, con fiscalías y defensorías con asiento en las provincias.
Los cargos de la justicia federal de Comodoro Py quedaron según el proyecto original: 46 nuevos juzgados federales, 23 de los cuales surgen de la unificación de los juzgados federales actuales con los juzgados en lo penal económico.
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