Home Judiciales Judicializados cinco militares y dos civiles por presuntas irregularidades en el trámite y ejecución de un contrato de suministro de combustible a vehículos oficiales

Judicializados cinco militares y dos civiles por presuntas irregularidades en el trámite y ejecución de un contrato de suministro de combustible a vehículos oficiales

por Redacción BL
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Se aprecian dos de los hoy imputados, de pie y con los brazos atrás. Uno de ellos vista camiseta oscura, pantaloneta blanca y pantuflas. La otra persona viste camiseta de manga corta blanca, jean azul zapatos oscuros. A la izquierda de ellos hay un servidor del CTI de la Fiscalía y un uniformado del Ejército Nacional. A la derechos de ellos hay uniformados de la Policía y Ejército Nacional. Detrás de ellos hay un pendón institucional de la Fiscalía.

El material de prueba da cuenta de que fueron tanqueados carros particulares que no estaban cubiertos dentro del contrato y por fuera de los tiempos de ejecución.  

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco militares y dos civiles; y les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. 

Los hechos investigados están relacionados con un contrato de suministro de combustibles, diesel, grasas y lubricantes para vehículos de Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento No. 3 del Ejército Nacional (BITER 3), con sede en Zarzal (Valle del Cauca). 

El citado contrato se suscribió con recursos del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), para una vigencia de diciembre de 2020, por un valor $6’000.000. En la ejecución de este se detectaron anomalías como tanqueo de carros particulares por fuera de los 30 días definidos, prolongándose hasta la fecha; y el cambio de aceite a motocicletas de dos tiempos, algo que no estaba previsto.  

Cinco militares y dos particulares fueron judicializados por supuestas irregularidades en el trámite, ejecución y liquidación de un contrato para el suministro de combustible, grasas y lubricantes parar el Batallón Biter 3, en Zarzal (Valle).

Además, en las verificaciones realizadas por el CTI y la DIJIN de la Policía Nacional se detectaron facturas y otros documentos alterados o falsos, con los cuales se intentó acreditar los consumos adicionales de combustibles. 

Los vinculados al procesos son: 

  • Teniente coronel, Rafael Ignacio Sosa Gile, comandante del BITER 3. 
  • Mayor Walter Andrés Clavijo Navarro, segundo comandante del BITER 3.  
  • Capitán Julián Leonardo Suárez Cárdenas, jefe de Logística.  
  • Sargento Segundo Víctor Alfonso Luna Galindo, jefe de Transportes. 
  • Sargento viceprimero Whender Esthid Pérez Quintero, jefe de Transportes. 
  • Crithian Alfredo Posso Moreno, contratista.  
  • Diego Alberto Urdinola Vélez, administrador de estación de servicio.   
Cinco militares y dos particulares fueron judicializados por supuestas irregularidades en el trámite, ejecución y liquidación de un contrato para el suministro de combustible, grasas y lubricantes parar el Batallón Biter 3, en Zarzal (Valle).

Por disposición del juez de control de garantías, los cinco militares recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario; mientras que el contratista fue afectado con detención en el lugar de residencia. Por su parte, el señor Urdinola Vélez seguirá vinculado al proceso. 

Los siete procesados fueron capturados en diligencias realizadas en Medellín (Antioquia), Bogotá, y Cali y Zarzal (Valle del Cauca). 

La Fiscalía habla con resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

MAP/MG/JARG/DSH/DSVC/ MRC/ 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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