En los asuntos jurídicos del proceso de paz, las FARC actúan mucho mejor que el Gobierno y la oposición.
Es evidente que un acuerdo de paz, después de más de cincuenta años de conflicto, sea algo complejo.
Algo que es complejo, en asuntos de humana convivencia, hay que manejarlo con cuidado y seriedad, con herramientas idóneas. Es una experiencia que hacemos todos los días. De hecho, en el régimen democratico, hemos entregado la complejidad de muchos asuntos de nuestra convivencia a unos representantes elegidos, delegando el poder legislativo, administrativo y judiciario.
Coherente con esto asunto sencillo, la guerrilla de la FARC convocó la “Conferencia guerrillera” para aprobar el Acuerdo de la Habana. Sus delegados asumieron la tarea de aprobar o rechazar cuanto unos representantes pactaron antes. Si algo no estaba bien, habíamos conocido efectivamente lo que la guerrilla rechazaba del acuerdo.
Haciendo revuelto un difícil asunto jurídico, el gobierno entregó a un plebiscito popular la complejidad del acuerdo, entre falta de claridad y intereses políticos ajenos al tema de la paz.
Ganó el rechazo del acuerdo, pero no sabemos que es lo que de verdad se rechazó.
En un Parlamento, como en la Conferencia guerrillera, es posible debatir, modificar, votar una y otra vez, hasta lograr un éxito útil, como necesitan las realidades complejas. El plebiscito permitió cualquier manejo ajeno al tema principal de la paz. El manejo fue hecho y el contenido del acuerdo se perdió.
Si miramos más allá de la mesa de la Habana, nos enteramos que muchos problemas de Colombia no son directamente vinculados al conflicto.
El sistema de salud, ejemplo, esta haciendo más muertos que el enfrentamiento con la guerrilla. No es acaso que se acuñó el termino despectivo “muertos de Ley 100”, para designar a las muertes o el agravamiento de pacientes por innumerables factores de tipo normativo.
De lo mismo que el término “paseo de la muerte” utilizado, por la Defensoría del Pueblo y los medios periodísticos, para designar el camino que espera los ciudadanos colombianos, cuando buscan una atención inicial de urgencias.
Es decir: con nuestro Gobiernos (de ahora y de antes) tenemos muchos problemas de democracia, de derechos humanos, de corrupción, de violencia (no olvidamos de donde salió el paramilitarismo). Creo que rechazando los acuerdos de la Habana todo esto se pondrá aun más oculto y complicado. A ganar el “sí” no todo se iba a solucionar, pero el no aparece como un juego a derrumbar: tanto peor tanto mejor.
Cuando la herramienta jurídica está mal utilizada, es fácil que los poderosos sigan afectándonos como les da gana.
La propuesta de las FARC, ya desde el 2013, de convocar una Asamblea Constituyente (rechazada por el Gobierno) tiene una sabiduría jurídica y social que, sobretodo después del fracaso plebiscitario, merece toda la consideración.
